El juicio por Nord Stream arranca con un intento de sabotaje jurídico: "Tiene que defenderse con las manos atadas"
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Cuatro años después de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, uno de los mayores actos de sabotaje de la historia europea de posguerra, la justicia alemana sentó ayer por primera vez en el banquillo a uno de sus presuntos responsables: el ex oficial ucraniano Serhii Kuznietsov, acusado de dirigir el comando que ejecutó la operación. El juicio arrancó en Hamburgo con otro intento de sabotaje, esta vez jurídico. La defensa pidió archivar el proceso alegando que el ex militar carece de autorización del Ejército ucraniano para declarar, lo que le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa. "Tiene que defenderse con las manos atadas", denunciaron sus abogados.
Kuznietsov, de 50 años, entró en la sala vestido de civil, pero saludó con un gesto militar. La primera vista se celebró bajo fuertes medidas de seguridad y ante más de 100 periodistas acreditados, procedentes de países como Estados Unidos, Ucrania y Rusia. El acusado estaba acompañado por tres abogados, dos alemanes y un italiano. La presencia de este último se explica por su detención en agosto de 2025 durante unas vacaciones con su familia en Rímini. Tras meses de recursos contra su entrega, fue extraditado a Alemania en noviembre de aquel año. Desde entonces permanece en prisión preventiva.
La defensa presentó al acusado como "un peón sacrificado en un tablero de ajedrez" y denunció "intereses políticos detrás del proceso". Sus abogados cuestionaron que estuviera acreditado su papel de jefe del comando y rechazaron que hubiera cometido un crimen de guerra. Uno de ellos describió los gasoductos como un arma "financiera, militar y política" de Rusia, cuyos ingresos alimentaban la guerra contra Ucrania. El argumento sitúa en el centro del juicio una cuestión: si destruir esa infraestructura podía constituir una acción militar contra Moscú o un ataque criminal contra instalaciones civiles.
Los letrados impugnaron también la extradición, alegando que los tribunales italianos autorizaron la entrega sin conocer la imputación por crímenes de guerra. La presidenta del tribunal, Anne Meier-Göring, agradeció su "apasionada exposición", mientras la Fiscalía federal consideró injustificada la petición de archivo y aplazó su respuesta detallada. "Responderemos a todas las preguntas de la defensa", anunció.
El intercambio se extendió a las condiciones de reclusión. Los abogados denunciaron que Kuznietsov lleva casi 11 meses prácticamente en aislamiento y con escasos contactos sociales. El fiscal Stefan Schmidt replicó que el propio acusado había declarado que las condiciones de su detención le parecían aceptables.
Detalles de la operación
Según la reconstrucción de los investigadores, la operación involucró a siete personas: Kuznietsov, un especialista en explosivos, un patrón y cuatro buzos, entre ellos una mujer. El grupo habría utilizado el velero Andromeda, alquilado en Rostock, para colocar cargas con temporizadores en los gasoductos. Las explosiones del 26 de septiembre de 2022 destruyeron tres de sus cuatro tuberías, tendidas bajo el Báltico para transportar gas ruso a Alemania.
Kuznietsov no es el único sospechoso detenido. El buzo ucraniano Wolodymyr Z. permanece en prisión preventiva en Croacia, donde fue arrestado en agosto en la ciudad de Pula. Polonia había rechazado su entrega a Alemania y lo había dejado en libertad en octubre de 2025. A finales de septiembre, un tribunal croata autorizó su extradición, aunque su abogado anunció que recurriría. Su caso ilustra las lecturas enfrentadas del sabotaje: la justicia polaca consideró la destrucción de los gasoductos una acción justificable en la defensa de Ucrania; la alemana persigue a sus presuntos autores por un ataque contra instalaciones civiles.
La Fiscalía sostiene que Kuznietsov actuó por encargo de organismos estatales ucranianos. Entre los indicios figuran conversaciones con su esposa intervenidas durante su detención en Italia en las que, según la investigación, reclamaba que la voladura se reconociera como "una operación militar oficial" y se quejaba del abandono de Kiev. Aun así, el acusado niega ahora su participación y el Gobierno ucraniano, cualquier implicación.
El proceso sitúa a Alemania ante una incómoda tensión: esclarecer un ataque contra su seguridad energética mientras apoya al país del que proceden los sospechosos. La defensa presenta los gasoductos como un arma rusa; la acusación, como instalaciones civiles cuyo ataque constituye un crimen de guerra. El tribunal deberá determinar si Kuznietsov participó en la operación, bajo qué órdenes y con qué responsabilidad penal. El juicio continuará el 27 de octubre. El tribunal ha fijado dieciséis sesiones hasta el 17 de diciembre y prevé nuevas vistas en enero y febrero de 2027
