Paquete Económico 2027: Diputados aprueban deuda de 1.7 billones, alzas en servicios estatales y límite a deducciones empresariales
En una sesión que se extendió desde el martes por la mañana hasta la madrugada del jueves, con un receso entre los dos primeros días, la Cámara de Diputados avanzó en la aprobación del Paquete Económico 2027 al aprobar la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación.
Las tres iniciativas buscan en conjunto reconfigurar la captación de recursos del Estado, mientras se eleva la deuda del país hasta representar alrededor del 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Ley de Ingresos establece un techo de endeudamiento para el gobierno federal de hasta 1.7 billones de pesos, una disminución con respecto a los 1.78 billones del año pasado. No obstante, si se toma en conjunto el periodo 2018-2026, la deuda pública total creció un 90%, pasando de 10.55 billones a 20.06 billones de pesos.
A la par, el dictamen a la Ley de Ingresos estima recaudar 10.6 billones de pesos el siguiente año.
“Ya no les alcanza”, criticó la oposición parlamentaria argumentando que los ingresos fiscales ordinarios y petroleros han resultado insuficientes para cubrir el ritmo de gasto de la administración federal, obligándolo a recurrir a un endeudamiento histórico y a un incremento generalizado en el cobro de derechos e impuestos.
Según legisladores de oposición, la caída real del 14% en los ingresos petroleros, su nivel más bajo desde 2020, evidenció el agotamiento de los recursos generados por la industria energética nacional y Pemex, trasladando la carga de los gastos públicos directamente hacia los contribuyentes.
A la par del endeudamiento, los bloques opositores señalaron que la insuficiencia de fondos ha llevado al gobierno a implementar un encarecimiento de trámites, licencias y servicios públicos a través de la Ley Federal de Derechos.
Entre estos cobros figuran alzas en la entrada de turistas extranjeros, visas, permisos para fideicomisos de inversión, trámites inmobiliarios, protocolos de investigación de medicamentos, así como concesiones ferroviarias, de agua y espacio aéreo.
La Secretaría de la Defensa Nacional será una de las beneficiadas con estos aumentos, pues recibirá el 57% de los recursos de la cuota pagada por visitantes extranjeros, un incremento de 7 puntos porcentuales a lo que solía recibir. Al mismo tiempo, lo que obtendrá Migración se redujo del 26 al 15%. El restante irá para la Tesorería.
Las bancadas del oficialismo, integradas por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, defendieron que los tres dictámenes fortalecen la hacienda pública sin aumentar los impuestos, negándose incluso a cobrar tenencia a yates, helicópteros y jets privados de lujo, como se propuso durante la discusión de la Ley de Ingresos.
Los legisladores de la mayoría remarcaron que los recursos obtenidos por la Federación garantizan la continuidad de los programas sociales y respaldan obras de infraestructura clave en agua, salud, educación y transporte.
Asimismo, sostuvieron que la Ley del ISR permitirá recaudar entre 130 mil y 140 mil millones de pesos adicionales mediante el combate a las empresas factureras y la eliminación de ventajas fiscales injustificadas.
La Ley del ISR incorpora un mecanismo de control que estandariza un límite máximo para las deducciones autorizadas del 96.67% o 99% según el comportamiento de la empresa y limita la disminución de la pérdida fiscal al 50% de la utilidad fiscal del ejercicio correspondiente.
En su defensa, los legisladores oficialistas hicieron referencia a estudios que estiman una evasión potencial de aproximadamente 131 mil millones de pesos en personas morales entre 2018 y 2023, asegurando que los nuevos candados a deducciones y la eliminación del régimen de diferimiento para grupos empresariales garantizan que quienes poseen mayor capacidad económica contribuyan proporcionalmente.
Frente a esto, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma al acusar que la estrategia incurre en una fiscalización punitiva y en un “terrorismo fiscal” que afecta a los contribuyentes cumplidos.
La oposición argumentó que limitar las deducciones operativas, topar el uso de pérdidas fiscales al 50% y reducir la deducción de intereses le restará liquidez a las empresas, encarecerá los créditos comerciales y desincentivará la inversión y la creación de empleos en el país
Para la Ley de Ingresos se aprobó una reserva, presentada por Ricardo Monreal, para eliminar el tope de 300 millones de pesos que impedía que aquellos contribuyentes con adeudos mayores pudieran acceder a beneficios fiscales, específicamente la condonación de multas y recargos al momento de pagar el cien por ciento de la suerte principal adeudada.
Ahora, las tres leyes deberán ser discutidas y votadas por el Senado.
