Avanzada edad de cuatro jueces vinculados al caso Blindaje obliga a Fiscalía a pedir arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva
Para evitar riesgos de fuga y una posible obstaculización de avances dentro de la investigación en el caso Blindaje, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho que emita orden de prisión preventiva contra las siete personas naturales vinculadas a la instrucción fiscal por el delito de lavado de activos. Debido a la edad avanzada de al menos cuatro de ellos, la Fiscalía pidió que se les disponga, en lugar de la privación de la libertad, el arresto domiciliario, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
La mañana de este martes, 1 de septiembre, el fiscal Alarcón formuló cargos y vinculó como coautores del delito de lavado de activos a cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un juez de la Unidad Multicompetente de Atacames (Esmeraldas), un empleado privado y tres personas jurídicas (empresas) al caso Blindaje, proceso penal en el que ya es investigado el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, junto con otras siete personas
Desde junio pasado en el caso Blindaje existe una instrucción fiscal abierta y recién para la vinculación subió a la Corte Nacional por el fuero que cobija a los jueces provinciales. La investigación se originó a partir de un oficio reservado elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales e injustificadas de Villacís Tenorio y otras personas jurídicas.
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La Fiscalía ha explicado que la “estructura criminal” analizada se organizó para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales, con la participación del alcalde, quien ahora permanece en la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. A Villacís se lo ubica como quien “coordinó con servidores públicos, empresas fachada, particulares y familiares” acciones que se transformaron en delitos.
Alarcón sustentó su pedido de prisión preventiva en que existen los suficientes elementos de convicción que revelan la participación de las siete personas naturales no solo en operaciones financieras irregulares por montos millonarios, sino también haciendo parte de una estructura en la que determinadas decisiones judiciales habrían generado órdenes de pago por millones de dólares a favor de particulares, en un contexto en el que se han identificado indicios de pagos ilegales vinculados con quienes intervinieron en dichas decisiones.
En la lista de vinculados en calidad de coautores contra quienes la Fiscalía pide prisión preventiva están jueces provinciales de Esmeraldas como Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre. También se pidió prisión preventiva contra Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos investigados juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames, e Iván Sol González, empleado privado.
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Para la Fiscalía, el que se ordene prisión preventiva cumple los parámetros de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad que se requieren para proteger los derechos de las víctimas y demás participantes del proceso penal; garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral; evitar que se destruya y obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan elementos de convicción, y garantizar la reparación integral a las víctimas.
Debido a que los jueces Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales, Juan Jaramillo y Luis Otoya tienen 74, 67, 65 y 70 años de edad, respectivamente, es decir, son parte del grupo de atención prioritaria de la tercera edad, el fiscal Alarcón solicitó que en lugar de la prisión preventiva se les disponga la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y arresto domiciliario.
Mientras tanto, para las empresas Reypezpacific S. A., que tiene como representante a David Rodríguez; Reysolutionwash, como representante a Gabriela Feijó; y Teknhikmec, bajo representación de Álex Luna, la Fiscalía solicitó como medidas de carácter real que se les retengan las cuentas que mantengan en el sistema financiero hasta por $ 380.000 a cada empresa, la prohibición de enajenar bienes y que se les incauten todos los bienes que poseen las tres personas jurídicas vinculadas.
Además, Alarcón pidió que la jueza disponga que las tres empresas hoy vinculadas sean intervenidas por la Superintendencia de Compañías.
La teoría del caso Blindaje:
La organización, resaltó Alarcón, estaba integrada por Vicko Villacís Tenorio, quien para el periodo 2023-2027 fue elegido alcalde del cantón Esmeraldas y tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
“Contrario a ello, este ciudadano (Vicko Villacís), de manera conjunta y coordinada con servidores públicos y particulares familiares, se dedicaron a cometer presuntos delitos a través de estructuras estatales y empresariales, apoyados en la conformación de empresas a través de la creación y el uso de compañías, y un consorcio, así como empresas fachada, a través de las que se realizaron varias acciones encaminadas a la comisión de conductas penalmente relevantes, en este caso, lavado de activos y otros delitos”, anotó el fiscal general encargado.
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A decir de la Fiscalía, en esta causa se ha determinado hasta este momento que se han ingresado de forma inusual e injustificada, como monto de un lavado, $ 7′543.716,52. Este monto, refirió Alarcón, resultaría de la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en las acciones de protección.
El fiscal Carlos Alarcón dijo que tiene claro que esta red de corrupción desplegaba un modus operandi recurrente: la desnaturalización y el abuso arbitrario de garantías jurisdiccionales, para de forma dolosa emitir sentencias en primera y segunda instancia.
“Cabe hacer énfasis que fueron acciones de protección con medidas de reparación económica millonarias, así como la simulación de contratación con instituciones estatales. Principalmente, la empresa pública Petroecuador, Refinería de Esmeraldas, Senae. El dinero que se obtiene de forma ilícita, es decir, contra y con abuso del derecho, fue posteriormente introducido en el sistema financiero nacional, sometido a un proceso de colocación, estratificación e integración a través de servidores judiciales, empresas fachada familiares y terceras personas”, añadió el fiscal Alarcón.
Una vez que se ha escuchado la formulación de cargos y las medidas cautelares que se solicitan para las diez personas naturales y jurídicas vinculadas, será el turno de los abogados de los ahora procesados para hacer conocer su posición respecto de las medidas cautelares solicitadas. Luego de ese debate será el momento para que la jueza Camacho se retire a deliberar sobre las medidas solicitadas. (I)
