Antes de irse a la campaña electoral por su reelección, consejeros de Participación Ciudadana resolverán quiénes seguirán en la carrera por ganar la Fiscalía

La última semana de octubre terminarían los plazos para que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definan cuántos postulantes seguirán en la última fase del concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado.

Esto ocurrirá días antes de que cuatro de los siete vocales del CPCCS: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Jhonny Escobar, hagan uso de su licencia sin sueldo para hacer campaña electoral por su reelección en los comicios seccionales del 29 de noviembre, que va del 12 al 26 de noviembre.

Hasta este jueves, 21 participantes en el concurso de selección del fiscal de Ecuador tenían tiempo para interponer recursos de apelación ante el Pleno del CPCCS, en rechazo a su descalificación del proceso resuelta por la comisión ciudadana el 6 de octubre de 2026.

Ese día, con votos de una mayoría de ocho comisionados se eliminó a 21 aspirantes al aceptar impugnaciones planteadas en su contra por una aparente falta de probidad en su trayectoria profesional o personal.

Con ello quedaron cinco competidores —entre ellos, el fiscal subrogante Carlos Alarcón— que pasan a la fase de oposición, que comprende un examen escrito y una exposición de un caso práctico relacionado con las funciones que tiene esta autoridad.

El 12 de octubre, la comisión había notificado a los concursantes con la resolución de descalificación, por lo que el tiempo para apelar terminó este 15 de octubre.

Al finalizar la tarde, al menos tres de los inhabilitados por la comisión, y que tienen las más altas calificaciones en méritos, apelaron ante el Consejo de Participación Ciudadana: Daniella Camacho, Inés Romero y Samno Macías.

La aspirante Daniella Camacho, actual jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que se posiciona en primer lugar con 48/50 en méritos, recurrió la resolución que la descalificó.

La comisión ciudadana, con seis de ocho votos, aceptó una impugnación planteada por un hombre identificado como Gary Cedeño, quien la acusó de falta de probidad porque se excusó de ser parte del tribunal de juzgamiento en el caso Las Torres, ya que conocía a uno de los sospechosos, Pablo Celi.

Ella admitió que había una “amistad íntima” para apartarse del caso, que es una opción que le da el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

A criterio de los comisionados, “la excusa resuelve un problema de imparcialidad en un expediente concreto; pero en un escrutinio público, la ciudadanía no evalúa un expediente aislado, sino la trayectoria ética o idoneidad de la postulante en su ejercicio profesional”.

“El hecho de que la postulante haya mantenido un vínculo de amistad íntima declarado bajo juramento con procesados en casos de alta connotación social como Metástasis y Las Torres es una constatación objetiva de la existencia de conflictos de interés activos con actores clave del sistema de justicia. Cumplir la ley al excusarse en el rol de jueza no elimina la realidad del vínculo afectivo ni genera de forma automática la confianza pública para liderar la persecución penal en el país”, argumenta la resolución firmada por seis comisionados que terminó con la descalificación de Camacho.

La segunda postulante mejor puntuada con 47/75, Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, también quedó fuera al aceptarse la impugnación de Mónica Jaramillo.

Esta última la acusó, entre otros hechos, de solicitar un punto en méritos por acción afirmativa al tener su vivienda en una parroquia de Quito.

El reglamento da esa opción a los concursantes, pero los comisionados concluyeron que la aspirante solicitó el punto pese a que su casa está en una “zona de alta plusvalía en Cumbayá, desnaturalizando el fin constitucional de la norma, transformando un instrumento de equidad social en un privilegio ilegítimo”.

La probidad implica también “la solvencia ética e insospechable conducta para asumir la dirección del máximo organismo de persecución penal del Estado”, cita la resolución de inhabilitación de Romero.

El reglamento que rige esta tarea, en su artículo 54, establece que, una vez que lleguen las apelaciones, los documentos se remitirán a la Secretaría General del CPCCS en el término de un día.

Esta a su vez los enviará a la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS en otro día; y, esta última tendrá otros tres días hábiles para elaborar un informe no vinculante de las solicitudes de apelación.

Luego, una vez que esté listo el texto de recomendaciones, correrán otros dos días para que el pleno de consejeros de Participación resuelva en última y definitiva instancia.

Es decir, con su decisión se definirá quiénes se quedan en la lista de aspirantes del concurso: si seguirá con cinco personas o más. (I)