Proyecto de Ley de seguridad vial quitará competencias de tránsito a municipios que no superen evaluaciones de la ANT
El proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial eliminará las competencias en materia de tránsito y transporte de aquellos municipios que no superen las evaluaciones que realizará la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Este proyecto será tramitado el jueves 3 de septiembre en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta también plantea cambios en el control de la red vial estatal, regula los servicios de delivery, aplica restricciones a los contratos de radares y crea nuevos mecanismos para identificar vehículos.
Su contenido fue explicado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), quien sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la seguridad vial, combatir al crimen organizado y reducir espacios para la corrupción en la gestión del tránsito.
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Según Centeno, la ANT tendrá a su cargo la evaluación de los municipios y en caso de que estos no cumplan con los parámetros establecidos sus competencias podrían ser suspendidas.
Matriculación bajo la lupa
Uno de los aspectos que busca controlar la reforma es la matriculación vehicular. Centeno cuestionó las diferencias que existirían entre el número de vehículos que conforman el parque automotor de algunos municipios y la cantidad de matrículas que se emiten.
Como ejemplo, señaló que existen municipios cuyo parque vehicular estaría entre 8.000 y 10.000 vehículos, pero donde se registran más de 40.000 matriculaciones.
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También mencionó casos en los que, pese a que la capacidad operativa sería de alrededor de 100 matrículas diarias, se estarían emitiendo entre 250 y 300 al día.
La legisladora sostuvo que estas situaciones requieren mayores controles para evitar irregularidades y posibles vínculos con estructuras delictivas.
Contratación de radares
El proyecto también modifica las reglas para la contratación de sistemas tecnológicos de control de tránsito.
La propuesta establece que los contratistas privados que operen radares u otros medios tecnológicos no podrán recibir porcentajes, participaciones o incentivos relacionados con el valor de las multas recaudadas.
El objetivo, según la iniciativa, es evitar que los contratos generen incentivos para aumentar la cantidad de sanciones a los ciudadanos.
Además, los puntos de control deberán contar con señalización visible en el lugar y con señalización previa, al menos 500 metros antes del punto de control.
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La propuesta busca que los radares recuperen un carácter principalmente preventivo y no se conviertan en mecanismos vinculados a la recaudación.
Control de la red vial estatal
Otro de los cambios planteados está relacionado con la organización del control de tránsito en la Red Vial Estatal.
El Ministerio del Interior asumiría la rectoría de esta área y organizaría la operación conjunta de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policía Nacional en las vías estatales.
La propuesta contempla una mayor presencia policial en corredores arteriales, vías colectoras y otros puntos estratégicos, incluido el control de vehículos de carga y pasajeros.
Centeno señaló que actualmente existiría una falta de articulación entre la CTE y la Policía Nacional. Con el nuevo esquema, se busca mejorar la coordinación y evitar la duplicidad de controles y sanciones.
También se plantea fortalecer los controles fronterizos mediante operativos integrados para revisar vehículos, carga y pasajeros, con el objetivo de detectar el traslado de drogas y combatir las rutas utilizadas por organizaciones delictivas.
Delivery tendrá un registro nacional
La iniciativa incorpora además una regulación específica para los servicios de delivery, una actividad que, según Centeno, ha sido aprovechada por delincuentes que se hacen pasar por repartidores para cometer delitos como microtráfico, tráfico de drogas, robos, asesinatos, extorsiones y amenazas.
Para enfrentar este problema se plantea crear un Registro Nacional de conductores y vehículos de delivery, que permitirá identificar y mapear a quienes realizan esta actividad.
Los repartidores deberán cumplir requisitos como:
- Contar con la licencia correspondiente.
- Utilizar casco homologado.
- Portar chaleco reflectivo.
- Tener la placa visible.
- No transportar pasajeros mientras realizan el servicio.
El sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, en coordinación con la ANT y los municipios que actualmente cuentan con iniciativas relacionadas con este tipo de servicio.
La ley establecerá plazos tanto para la evaluación de los municipios como para la implementación del sistema nacional de delivery.
Motocicletas con casco homologado
El proyecto también establece que las casas comerciales que venden motocicletas en el país deberán entregar obligatoriamente un casco homologado junto con cada unidad.
La medida busca mejorar la protección de los motociclistas y reducir las consecuencias de los siniestros viales, especialmente ante el uso de cascos que no cumplen con las normas de homologación.
Nuevo dispositivo para identificar vehículos
Entre las novedades de la propuesta está la creación de un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, que permitirá gestionar digitalmente información de los vehículos y mejorar su trazabilidad.
El sistema estaría conectado con bases de datos y plataformas estatales de seguridad, incluidas las de la Policía Nacional y el ECU911, para facilitar la identificación automatizada de vehículos.
La iniciativa también plantea que las unidades de transporte público incorporen cámaras y estén conectadas al ECU911. Con ello se busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad de pasajeros y conductores.
Peaje unificado para todo el país
El proyecto crea además un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá implementar el telepeaje y realizar pagos electrónicos interoperables en las distintas vías del país.
La propuesta busca que los conductores puedan circular por diferentes carreteras utilizando un único sistema de identificación o dispositivo de pago, reduciendo las filas y la congestión en las estaciones de peaje.
La recaudación, sin embargo, mantendría la titularidad correspondiente a cada administrador vial.
Reglas para ‘scooters’ y motos eléctricas
La reforma también incorpora disposiciones para la micromovilidad. Se establecerían reglas específicas para scooters, monopatines, bicicletas eléctricas, tricimotos y otros vehículos de movilidad personal.
La ANT podrá establecer parámetros y límites técnicos para estos vehículos, priorizando la seguridad de peatones y otros usuarios vulnerables.
Asimismo, se contemplan restricciones para su circulación en autopistas, vías perimetrales y determinados tramos de la Red Vial Estatal.
No se modifican los límites de velocidad
La asambleísta Valentina Centeno aclaró que el proyecto no plantea cambios en los límites de velocidad establecidos actualmente.
Los principales cambios estarán relacionados con los mecanismos de control, la emisión de licencias, la matriculación vehicular, la emisión de placas y la habilitación de los distintos servicios de transporte.
En conjunto, el proyecto busca modernizar los sistemas de tránsito y seguridad vial, fortalecer el control estatal y reducir espacios que, según sus promotores, podrían ser aprovechados por redes de corrupción y crimen organizado.
El informe del proyecto de ley fue aprobado con ocho votos a favor y dos abstenciones que vinieron de los delegados de la bancada Revolución Ciudadana (RC).
Según la legisladora Centeno, este proyecto de ley pasará a segundo debate en el Pleno, este jueves 3 de septiembre para lo cual pidió el apoyo de los asambleístas. (I)
