Caso Blindaje: Fiscalía vincula a seis jueces de Esmeraldas por “desnaturalizar y abusar de garantías jurisdiccionales” para emitir sentencias de forma dolosa
Como coautores del delito de lavado de activos es como fueron vinculados cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un juez de la Unidad Multicompetente de Atacames (Esmeraldas), una persona natural y tres personas jurídicas (empresas) al caso Blindaje, proceso penal en el que es investigado desde junio pasado el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, junto con otras siete personas.
Inicialmente eran once los sujetos por vincular, pero finalmente el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, retiró la vinculación que había anunciado contra la empresa King Trading Limited. El retiro se produjo para evitar que más adelante se aleguen vicios de nulidad por no haber notificado a quien aparece como representante legal, pero que, según uno de los abogados de los procesados, ya habría renunciado al cargo.
La diligencia se instaló la mañana de este martes, 1 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante la jueza Daniella Camacho. El caso Blindaje pasó a conocimiento de la Corte Nacional debido al fuero que cobija a los jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas que figuran entre los sospechosos.
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Entre los vinculados están quienes eran jueces provinciales de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre. También de la lista de vinculados es parte Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas Reypezpacific S. A., que tiene como representante a David Rodríguez; Reysolutionwash, con representante a Gabriela Feijó, y Teknhikmec, bajo representación de Álex Luna.
El fiscal Alarcón recordó que entre el 3 y 4 de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas el alcalde Villacís, por considerarlas autoras directas del delito de lavado de activos, tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Explicó que los fiscales que estaban en ese momento analizando un caso que no tenía fuero de Corte Nacional evidenciaron toda una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
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La organización, dijo Alarcón, estaba integrada por Vicko Villacís Tenorio, quien para el periodo 2023-2027 fue elegido alcalde del cantón Esmeraldas y tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
“Contrario a ello, este ciudadano (Vicko Villacís), de manera conjunta y coordinada, con servidores públicos y particulares familiares se dedicaron a cometer presuntos delitos a través de estructuras estatales y empresariales, apoyados en la conformación de empresas a través de la creación y el uso de compañías, y un consorcio, así como empresas fachada, a través de las que se realizaron varias acciones encaminadas a la comisión de conductas penalmente relevantes, en este caso, lavado de activos y otros delitos”, anotó el fiscal general encargado.
A decir de la Fiscalía, en esta causa se ha determinado hasta este momento que se han ingresado de forma inusual e injustificada, como monto de un lavado, $ 7′543.716,52. Este monto, refirió Alarcón, resultaría de la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en las acciones de protección.
El fiscal Alarcón dijo que se tiene claro que esta red de corrupción desplegaba un modus operandi recurrente: la desnaturalización y el abuso arbitrario de garantías jurisdiccionales, para de forma dolosa emitir sentencias en primera y segunda instancia.
“Cabe hacer énfasis que fueron acciones de protección con medidas de reparación económica millonarias, así como la simulación de contratación con instituciones estatales. Principalmente, la empresa pública Petroecuador, Refinería de Esmeraldas, Senae. El dinero que se obtiene de forma ilícita, es decir, contra y con abuso del derecho, fue posteriormente introducido en el sistema financiero nacional, sometido a un proceso de colocación, estratificación e integración a través de servidores judiciales, empresas fachada familiares y terceras personas”, añadió el fiscal Alarcón.
En este esquema habrían intervenido aparentemente los seis jueces de la provincia de Esmeraldas procesados, la persona natural y las empresas vinculadas. “Se utilizó la estructura empresarial de las tres empresas que han servido para la obtención y la trazabilidad financiera de estos dineros. En unos casos, para su obtención, y en otros, para ocultar su rastro y dar apariencia de licitud.
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Al momento, el fiscal Alarcón presenta los elementos que mantiene para fundamentar la formulación de cargos de los vinculados. (I)
