Caso Blindado: jueces de Esmeraldas obligaron en solo siete casos a pagar ‘indemnizaciones’ por más de $ 43 millones a Senae y Petroecuador, según Fiscalía
Para la vinculación al caso Blindado de cuatro exjueces y un juez de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, además de un magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames (Esmeraldas), el fiscal general encargado Carlos Alarcón dijo tener claro que la “red de corrupción” desplegaba un modus operandi recurrente: la desnaturalización y el abuso arbitrario de garantías jurisdiccionales, para de forma dolosa emitir sentencias en primera y segunda instancia.
Las investigaciones hechas hasta el momento no solo dejaría información de la intervención en el delito lavado de activos del alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís Tenorio, y de otras siete personas más, sino también generó elementos de convicción para vincular a siete personas naturales y tres jurídicas (empresas).
Jueces, exjueces, un privado y tres empresas vinculadas:
En esa lista de vinculados, acción que genera que la etapa de instrucción fiscal se amplíe por 30 días más, están los exjueces provinciales de esmeraldas Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales, Agustín Jaramillo y Luis Fernando Otoya: el juez provincial Carlos Vinicio Aguirre; y Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames.
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El grupo de diez vinculados se completa con el abogado y empleado privado Iván Sol González y las empresas mientras que como personas jurídicas Reypezpacifica S.A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
A decir de la Fiscalía, la investigación realizada hasta el momento habría permitido identificar una estructura que estaría organizada para obtener y beneficiarse sistemáticamente de fondos estatales mediante el abuso y la desnaturalización de garantías jurisdiccionales. Para Alarcón, la estructura analizada estaría liderada por el alcalde Villacís Tenorio, quien, recalcó el fiscal, tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
La teoría estructurada refiere que el actual alcalde de Esmeraldas, de manera conjunta y coordinada con servidores públicos y particulares familiares, se dedicaron a cometer delitos a través de estructuras estatales y empresariales, apoyados en la conformación de empresas a través de la creación y uso de compañías y un consorcio, así como empresas fachada, a través de las que se realizaron acciones encaminadas a la comisión de delitos como lavado de activos y otros.
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“En este contexto habrían incurrido en un presunto lavado de activos con fines de cohecho y prevaricato, al ingresar a sus cuentas, de forma inusual e injustificada, aproximadamente $ 9 millones. Este monto corresponde a la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en acciones de protección que contemplaban medidas de reparación económica por valores millonarios”, sostuvo la Fiscalía.
En el caso Blindado se hace énfasis en que el delito se concreta a través de acciones de protección con medidas de reparación económica millonarias, así como con la simulación de contratación con instituciones estatales, principalmente con la empresa pública EP Petroecuador, la Refinería de Esmeraldas y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). El dinero que se obtiene de forma ilícita, es decir, contra y con abuso del derecho, fue posteriormente introducido en el sistema financiero nacional, sometido a un proceso de colocación, estratificación e integración a través de servidores judiciales, empresas fachadas familiares y terceras personas", añadió el fiscal Alarcón.
Las acciones de protección que contemplaban medidas de reparación económica por valores millonarios:
La fundamentación entregada por el fiscal general durante la formulación de cargos y vinculación señala que los cuatro exjueces y los dos jueces procesados‚ todos de la jurisdicción provincial Esmeraldas, intervinieron en siete casos en los que se dio paso en primera y segunda instancia a acciones de protección en las que se impuso a la EP Petroecuador y a la Senae el pago de $ 43’249.0004,67.
Por ejemplo, a través de un voto de mayoría de los entonces jueces provinciales Genaro Reinoso y Juan Francisco Morales en segunda instancia se ratificó una sentencia por el valor de $ 680.000 y la devolución de cuatro vehículos: tres camiones y una camioneta Ford 250, en contra del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
La acción de protección fue aceptada por Simón Bolívar Moreno, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames, y con ello se dio paso a la acción de protección a favor de la empresa Reiten Compañía Limitada y en contra de la Senae. Los jueces Reinoso y Morales, en segunda instancia y con su voto de mayoría, declararon sin lugar la apelación propuesta por la Senae y la Procuraduría General del Estado (PGE), ratificando el fallo de primer nivel.
En este punto el fiscal Alarcón como elemento de convicción dio a conocer la copia certificada de un formulario número que corresponde a la declaración periódica de Vicko Alfredo Villacís Tenorioy en cuya parte relacionada al caso indica en el casillero de cuentas por cobrar la suma de $ 900.000 de la razón social Senae y el número del proceso por acción de protección otorgada en primera instancia y negada su apelación.
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Otro caso señalado por la Fiscalía es el fallo unánime de segunda instancia de los jueces Juan Agustín Jaramillo Salinas, Juan Francisco Morales Suárez, Genaro Reinoso Cañote. En esa causa los magistrados provinciales desecharon los recursos de apelación interpuestos por Petroecuador y la PGE, confirmando la sentencia de primer nivel.
Como elemento de convicción la Fiscalía presentó oficio de BanEcuador, de mayo de 2026, suscrito por el gerente de la asesoría jurídica de BanEcuador, mediante la cual se registra como consigna al abogado Juan Lastre Castillo el valor de $ 2′238.750 de la cuenta Ban Ecuador por concepto de depósito judicial de fecha 23 de enero de 2023 e igualmente una transferencia a Vicko Villacís por la suma de $ 1′400.000.
También, Alarcón dijo que es parte del expediente fiscal copias certificadas de un oficio suscrito por un notario del cantón Esmeraldas, mediante el cual se remite la diligencia de reconocimiento de firmas, con fecha 30 de enero de 2023, sobre un contrato de prestación de servicios por el valor de $ 1′400.000.
“Esta información tiene relación directa con el ciudadano Vicko Villacís, por cuanto se beneficia económicamente de una acción de protección que no presentó. Cabe anotar que quien recibe de primera mano estos montos millonarios es el abogado Juan Alberto Lastre Castillo, quien, a su vez, registra una transferencia al ciudadano Vicko Villacís por un monto de $ 1′400.000 que no tiene justificación de ningún tipo”, refirió Alarcón.
Para justificar estos dichos, el fiscal general expuso en la sala un oficio de la dirección zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI), del cual se inferiría que Juan Alberto Lastre Castillo emitió una factura por servicios profesionales al Vicko Villacís, en el reporte tributario de 2023.
El fiscal Alacón también presentó elementos de convicción contra el juez provincial de Esmeraldas Juan Agustín Jaramillo Salinas, quien, a decir de la Fiscalía, realizó actuaciones como juez de la Corte Provincial de Esmeralda, dentro de dos causas, ‘favoreciendo así el esquema de lavado instaurado por la estructura delictiva’.
Desde la Fiscalía se anotó que mediante su voto como juez de segunda instancia se ratificaron dos sentencias en la que se ordenó un pago por $ 30′000.000 y otra condena que dispuso la cancelación de $ 2′001.750, 74 en contra de la EP Petroecuador. En el segundo caso también intervino con su voto el juez Luis Fernando Otoya.
La CC declara la vulneración del derecho al debido proceso y evita el pago de $ 30 millones:
Aquí el fiscal general encargado mencionó como elemento de convicción la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que se resolvió declarar la vulneración del derecho al debido proceso, la garantía del cumplimiento de normas y derechos de las partes por los jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y de los jueces 2 y 3 de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames y dejó sin efecto las sentencias del 15 de agosto de 2022 y 5 de junio del 2023, incluyendo las medidas de reparación económica ordenadas por las judicaturas accionadas, y toda actuación en el proceso de ejecución de la acción de protección en la que se dispuso el pago de los $ 30′000.000.
Además, explicó que la CC declaró que Genaro Reinoso, Juan Agustín Jaramillo y Juan Francisco Morales, como jueces de la Sala Especializada de la Corte de Justicia de Esmeraldas, que conocieron la acción de protección que originó el pago de $ 30′000.000 incurrieron en error inexcusable, al inobservar el artículo 19 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional.
En lo que tiene que ver a la causa que dispuso a Petroecuador el pago de $ 2′001.750,74, el fiscal Carlos Alarcón sostuvo que la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas, con voto de mayoría de los jueces Juan Agustín Jaramillo y Luis Ferrnando Otoya Delgado, aceptó el recurso de apelación planteado por la compañía Reiten, modificó la sentencia subida en grado y dispuso el pago de $ 2′001.750,74.
El efectivo movido en un blindado:
Dentro del expediente del caso Blindado, mencionó Alarcón, existiría un oficio de febrero de 2026, suscrito por una funcionaria del Banco Pichincha, donde se constata el pago realizado por $ 2′001.750,74 a favor de la empresa Reiten. Además sería parte de la información que posee la Fiscalía un oficio de mayo de 2026 suscrito por la gerente general de la compañía Fortius Compañía Limitada, mediante el cual adjunta la guía de un vehículo blindado, del 27 de enero de 2023, en el que el remitente es Vicko Villacís y quien recibe $ 200.000 en efectivo es Diego Montaño.
Como otro elemento de convicción existiría un oficio suscrito por el director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, en la que se hace conocer la asignación de funciones de Diego Giovanni Montaño Tenorio, quien era ayudante judicial de la Corte Provincial de Esmeraldas.
También fue parte de los elementos de convicción expuestos un oficio de BanEcuador, de mayo de 2026, en el que se registra como consigna al abogado Juan Lastre Castillo el valor de $ 2′238.750 de la cuenta Ban Ecuador, por concepto de depósito judicial.
Nuevamente se recordaron las copias certificadas de un oficio suscrito por el notario tercero del cantón Esmeraldas, mediante el cual se remite la diligencia de reconocimiento de firmas de un contrato de prestación de servicios por el valor de $ 1′400.000, del 30 de enero de 2023. Aquí recordó Alarcón: “Pese a que el ciudadano Vicko Villacís Tenorio no presentó la acción de protección, el juez ordenó el pago a Villacís Tenorio. Cabe anotar que el contrato de prestación de servicios consta suscrito por Juan Alberto Lastre Castillo”.
Por otra parte, el fiscal Alarcón presentó elementos de convicción contra el hoy exjuez Luis Fernando Otoya Delgado y el juez Carlos Vinicio Aguirre por presuntamente favorecer un esquema de lavado mediante sus decisiones judiciales. Detalló su patrimonio declarado, las sentencias que ordenaron pagos millonarios a Reiten y la sentencia constitucional que declaró vulnerada la seguridad jurídica y dispuso investigar posibles infracciones disciplinarias.
Además de la causa en la que se dispuso a Petroecuador el pago de $ 2′001.750,74, en segunda instancia el juez Otoya, como ponente, junto al también juez Carlos Vinicio Aguirre, es decir voto de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, ratificaron en agosto de 2023 la sentencia de primera instancia y le dispusieron a Petroecuador el pago de $ 2′076.620,95.
El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames bajo la lupa
Finalmente, la Fiscalía formuló cargos contra Simón Bolívar Moreno Samaniego, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames. De él Alarcón resaltó que dentro de esta estructura, para obtener activos de forma ilícita y contra derecho, Moreno ha tenido un rol de juzgador, para a través de la tramitación de acciones de protección, sin justificativo alguno, observándose claramente un incremento patrimonial injustificado, fallando contra norma expresa, habría dispuesto pagos elevados a favor de la empresa Reiten Kintraiding Limited.
Como elementos de convicción contra el juez Moreno, la Fiscalía presentó la versión del procesado, quien en lo medular habría mencionado que son varias las acciones de protección que manejó, que no recuerda las que se le señalan y que necesita tiempo para revisar y luego ampliar su versión. En esa diligencia la Fiscalía le habría preguntado si entre agosto de 2020 hasta la presente fecha adquirió bienes inmuebles o inmuebles, a lo que respondió que sí ha adquirido terrenos, vehículos y también un departamento. Habría referido que su última declaración fue por un monto de $ 165.000 por activos aproximadamente y que la forma de pago en su momento habría sido al contado en efectivo y otras en transferencias.
Información remitida por la UAFE sobre Simón Bolívar Moreno, aclaró Alarcón, evidenciaría diferencias financieras, sobre todo en transferencias recibidas por $ 10.900 de parte del procesado Jonathan Montebagui, quien se desempeñaba como técnico de ventanilla y tenía dentro de sus funciones las causas que ingresaban a la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames.
A Samaniego se le imputa que con las sentencias en dos acciones de protección ordenó que la EP Petroecuador pague $ 5′055.073,76 y $ 1′196.809,22. Según Alarcón, el procesamiento de estas dos causas tuvo como denominador común a la perito Rosa Estrellita Velasco, profesional que habría participado en todas las acciones de protección de esta trama de corrupción. (I)
