Un gobierno espectador
Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el pasado miércoles en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Estaba por cumplir cuatro años como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde los índices delictivos iban al alza sin que el gobierno estatal lograra contenerlos.
Horas después de la detención, cuando ya se habían neutralizado los bloqueos de sus seguidores, el gobernador Salomón Jara publicó en redes sociales que el municipio se mantenía en paz y en condiciones de "absoluta gobernabilidad".
El viernes, en un video, pidió al Congreso del Estado que declarara la desaparición del Ayuntamiento para nombrar a un encargado de la administración municipal. Entre un mensaje y otro no pasaron ni 48 horas.
Si alguien ha sido rebasado por los acontecimientos en Juchitán, es el gobernador Jara. La captura de Miguel Sánchez, a quien en Juchitán conocen como "Quetu", alcanzó al círculo cercano del mandatario. Emilio Montero, antecesor de Quetu en la alcaldía, dejó la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el equivalente a la secretaría de educación del estado y una de las carteras con mayor peso político del gabinete. Montero, cercano a Jara, se despidió de sus colaboradores por WhatsApp y les pidió seguir apoyando en todo al "amigo gobernador".
Por eso se cuestiona que el gobierno estatal no haya actuado antes ante una situación que mantenía a los juchitecos en zozobra. Más aún cuando, desde el final del gobierno del expriista Alejandro Murat, había indicios de actividades delictivas que se solapaban desde el Ayuntamiento y que después se operaron desde ahí.
En febrero de 2022, durante una convención del PRI, Murat afirmó que en el Cabildo de Juchitán había funcionarios "con nombres de capos de la mafia". Es decir, desde el sexenio de López Obrador las autoridades tenían conocimiento de la infiltración del crimen en el gobierno municipal.
En abril de este año, Montero y Sánchez Altamirano negaron públicamente cualquier vínculo con grupos criminales. Ese mismo mes, el gobernador presentó el Pacto por la Paz de Juchitán, que incluyó cámaras de videovigilancia, botones de auxilio y la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al municipio. Hoy, las autoridades señalan que el alcalde daba a Los Cromos acceso a las cámaras del C2 municipal y les avisaba de los movimientos de las fuerzas de seguridad.
Funcionarios del gobierno estatal me dijeron que no actuaron porque los delitos detectados eran del fuero federal. Pero eso no justifica el papel de espectador.
La administración de Jara ha quedado manchada. Cuando Murat habló de capos en el Cabildo de Juchitán, Montero le exigió pruebas y una retractación. Meses después, Jara lo sentó en su gabinete. Hoy su sucesor está preso y él fuera del gobierno. Al gobernador no le faltó información, le faltó voluntad para actuar y ahora el gobierno federal se lo cobra.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
