Presidenta de Costa Rica defiende las políticas de "mano dura" contra las organizaciones criminales inspiradas en Nayib Bukele
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió este viernes (16.10.2026) su política de "mano dura" contra el crimen inspirada en su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionado por abusos cometidos durante su guerra antipandillas. Fernández, entusiasta de la estrategia de seguridad de Bukele, inauguró el miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad basada en el modelo de la megacárcel salvadoreña.
La gobernante, tras llegar a El Salvador para una visita, realizó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas y al que Fernández describió como un "monumento a la justicia". La mandataria afirmó que combatir el crimen con "mano dura" no implica "renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo". La visita de Fernández incluyó la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.
Coordinación contra el narcotráfico
Durante una conferencia de prensa junto a Bukele en San Salvador, la mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador. Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está "cerca" de convertirse en ley.
"Vine a conocer de primera mano esa experiencia, con la firme decisión de aprender de lo que ha funcionado y de aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional contra el crimen", afirmó la mandataria. Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta su homóloga para impulsar esos cambios y dijo que existe "mucha oposición" a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado.
La Presidencia salvadoreña explicó que "ambos gobernantes encabezaron una sesión de trabajo ampliada junto a los integrantes de la delegación costarricense y sus contrapartes del gabinete salvadoreño" en la que "el eje central del diálogo fue la seguridad pública y el combate frontal a las estructuras delictivas transnacionales". "Se sentaron las bases para el impulso de esquemas de cooperación técnica, intercambio oportuno de información policial, así como para la articulación de procesos de inteligencia entre las instituciones homólogas", apuntó la fuente.
Bukele aclara "liberación anticipada"
Bukele, nominado recientemente por la ultraderecha europea al Premio Sájarov, precisó que la liberación "anticipada" que evalúa para detenidos en su guerra antipandillas afectaría a unas 10.000 personas que prestaron colaboración "ocasional" a esas bandas, y no para pandilleros. Bukele dijo el miércoles que estudia la excarcelación anticipada al ser consultado por afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una "comisión" que revisa los casos de más de 93.000 detenidos en cuatro años de "guerra" antipandillas.
Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP, el mandatario respondió este viernes que la evaluación abarcaría a 10.629 personas que hicieron favores ocasionales a las pandillas, pero que no pertenecen a sus estructuras. "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca", aseveró Bukele en su rueda de prensa junto a Laura Fernández.
Dudas sobre vulneraciones de derechos humanos
Opositores y activistas costarricenses cuestionan que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las de El Salvador. Expertos de Naciones Unidas han advertido que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de esos 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 son inocentes y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia estatal.
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lgc (afp, efe)
