Palestina ante la ONU: negar la visa, autorizar las bombas
Hay contradicciones diplomáticas que se explican con tecnicismos. Otras se explican solas. Esta semana, mientras volvió a negar al presidente palestino Mahmoud Abbas una visa para participar presencialmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, la administración de Donald Trump avanzó simultáneamente en una posible venta de US$2.800 millones en municiones a Israel, incluyendo 20.000 bombas MK-84 y 20.000 BLU-117 de 2.000 libras.
No es la primera vez. En septiembre de 2025, Abbas tampoco pudo viajar a Nueva York y terminó hablando por video después de que 145 países apoyaran permitirle participar virtualmente. Washington justificó entonces —y vuelve a hacerlo ahora— sus restricciones señalando que la Autoridad Palestina y la OLP han incumplido compromisos, impulsado acciones contra Israel ante organismos internacionales y utilizado esos espacios de una manera que Estados Unidos considera perjudicial para el proceso de paz.
Pero justamente ahí aparece la contradicción: acudir a instituciones internacionales debería formar parte de la política, no ser castigado como sustituto de ella.
Palestina es Estado observador no miembro de Naciones Unidas desde el 29 de noviembre de 2012, cuando la Resolución 67/19 fue aprobada por 138 votos contra nueve. En mayo de 2024, además, 143 Estados votaron para ampliar sus derechos de participación y sostuvieron que Palestina reunía las condiciones para ser admitida como miembro pleno.
Tampoco es nuevo el conflicto entre Washington y sus responsabilidades como anfitrión de la ONU. En 1988, Estados Unidos negó una visa a Yasser Arafat. La Asamblea General consideró entonces que Washington había incumplido sus obligaciones bajo el Acuerdo de Sede de 1947 y terminó trasladando a Ginebra la discusión sobre Palestina. Casi cuatro décadas después, el problema reaparece con otro dirigente palestino.
El contraste con la política militar es todavía más difícil de ignorar. Reuters reporta que la nueva propuesta de armamento incluiría 40.000 bombas de 2.000 libras, mientras el congresista Gregory Meeks, principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, ha cuestionado su posible utilización en zonas densamente pobladas. Israel sostiene que sus operaciones responden al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y a amenazas regionales; al mismo tiempo, organismos internacionales y organizaciones humanitarias llevan años documentando desplazamiento masivo, destrucción y graves necesidades civiles en Gaza.
El problema, por tanto, trasciende a Abbas. Se trata de qué significa una diplomacia internacional en la que el Estado que alberga Naciones Unidas puede restringir físicamente la participación de una de las partes mientras continúa suministrando armamento a la otra.
La asimetría institucional es especialmente evidente cuando se observa que Israel sí participa plenamente en Naciones Unidas como Estado miembro desde 1949, mientras Palestina continúa siendo únicamente Estado observador no miembro desde 2012.
Esa diferencia jurídica no desaparece incluso frente a decisiones internacionales muy críticas hacia las políticas israelíes: en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó, en una opinión consultiva, que determinadas políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado violaban el derecho internacional y afectaban el derecho palestino a la autodeterminación. Sin embargo, esas conclusiones no suspenden automáticamente la participación israelí en la ONU.
La propia Carta establece que la suspensión o expulsión de un Estado miembro requiere una recomendación del Consejo de Seguridad y una decisión posterior de la Asamblea General, un mecanismo político que hace extremadamente difícil cualquier medida de ese tipo.
Palestina, en cambio, ni siquiera parte de una posición equivalente: además de no contar con membresía plena, su presidente enfrenta por segundo año consecutivo restricciones estadounidenses para llegar físicamente a la sede de la organización. Así, la paradoja no consiste simplemente en que “Israel puede hablar y Palestina no”, sino en que el sistema concede al primero todos los derechos de un Estado miembro mientras la representación palestina sigue dependiendo de un estatus inferior y, en Nueva York, incluso de las decisiones migratorias del país anfitrión.
Si Palestina puede ser juzgada, condicionada y sancionada dentro del sistema internacional, ¿por qué su representación política encuentra obstáculos para hablar ante ese mismo sistema? Y si la diplomacia pretende sustituir a la guerra, ¿qué mensaje transmite negar una visa mientras se negocian decenas de miles de bombas?
POR TALYA ISCAN
Catedrática Universitaria: FCPyS (UNAM), UP, UIA, UA
@TALYAISCAN
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