Esposo e hijos de la prefecta de Santo Domingo alegan inmunidad electoral para evitar una orden de detención
Wilmer David Rivas Ontaneda, esposo de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez García, y otros cuatro procesados junto a ella en una causa por presunto enriquecimiento ilícito alegan estar protegidos por la inmunidad electoral debido a su condición de candidatos. Su defensa solicitó a la jueza Mabel Tapia Rosero que deje sin efecto las órdenes de detención dictadas en su contra.
La petición fue presentada por el abogado William López Arévalo el 6 de septiembre de 2026 ante la Sala Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Pichincha, dentro de la causa 17L03-2026-00009G.
Entre las personas mencionadas en el escrito constan Wilmer David Rivas Ontaneda, Gabriel Antonio Rivas Núñez, Víctor David Rivas Núñez, Fabián Alexander Rivas Calderón y Carlos Enrique Landaheta Pino.
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La defensa sostiene que todos tienen actualmente la calidad de candidatos y, por esa razón, estarían amparados por el artículo 108 del Código de la Democracia.
La norma establece que las candidatas y candidatos no pueden ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde la calificación de sus candidaturas hasta la proclamación de resultados, salvo excepciones como los casos de delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar.
Según el argumento presentado por la defensa, esta disposición constituye una garantía temporal destinada a proteger la participación de los candidatos durante el proceso electoral. A criterio de los abogados, la inmunidad no impediría que continúen las investigaciones ni que se practiquen las diligencias correspondientes, pero sí limitaría la posibilidad de ordenar o ejecutar una privación de libertad durante el periodo de protección.
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La defensa también señala que los comparecientes acudieron ante la Fiscalía y que, mediante un escrito presentado el 25 de agosto de 2026, solicitaron rendir su versión dentro de la investigación.
Con base en estos argumentos, el abogado sostiene que las órdenes de detención dictadas en su contra no podrían ejecutarse mientras permanezca vigente la protección electoral. Por ello, solicitó a la jueza que deje sin efecto las órdenes de detención contra las personas ya mencionadas.
Wilmer David Rivas Ontaneda, Gabriel Antonio Rivas Núñez, Víctor David Rivas Núñez y Fabián Alexander Rivas Calderón al momento mantienen en firme su candidatura para vocales suplentes de la junta parroquial rural de Alluriquín, mientras que Landaheta Pino es candidato a la Alcaldía de Santo Domingo. Todos los procesados constan en el movimiento provincial Alianza Tsáchila, lista 62.
Prisión para la prefecta
La solicitud de la defensa ocurre después de que la jueza Tapia dictara, el pasado domingo 6 de septiembre de 2026, una orden de prisión contra la prefecta Núñez, dentro de una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado y movimientos inusuales de dinero en sus cuentas personales.
La jueza dispuso que la Policía Nacional y el Bloque de Búsqueda realicen las acciones necesarias para localizar a la prefecta y garantizar su comparecencia dentro del proceso penal.
Este lunes 7 de septiembre, Núñez no acudió a las instalaciones de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas. En su lugar se encuentra ejerciendo funciones el viceprefecto Alfonso Andrade, quien asumió el cargo el pasado 6 de agosto, después de que Carlos Landaheta Pino renunciara a la Viceprefectura para postularse como candidato a alcalde por el movimiento Alianza Tsáchila.
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El nombre de Landaheta Pino también aparece entre las personas investigadas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa invoca el Código de la Democracia
En el escrito presentado ante la jueza, la defensa insiste en que los cinco procesados tienen la condición de candidatos y, por tanto, estarían temporalmente protegidos frente a una privación de libertad.
El planteamiento se fundamenta en el artículo 108 del Código de la Democracia y sostiene que la protección se extiende desde la calificación de las candidaturas hasta la proclamación de los resultados electorales.
Para la defensa, ejecutar las órdenes de detención durante ese periodo supondría una privación de libertad que, según su interpretación de la norma, estaría expresamente prohibida.
Por ello, pidió a la jueza que deje sin efecto las órdenes de detención contra Wilmer David Rivas Ontaneda, Gabriel Antonio Rivas Núñez, Víctor David Rivas Núñez, Fabián Alexander Rivas Calderón y Carlos Enrique Landaheta Pino, mientras se mantenga su condición de candidatos.
La decisión sobre la solicitud de la defensa corresponderá a la jueza que lleva la causa. (I)
