Caso Magnicidio FV: estar fuera del alcance de la justicia generaría que José Serrano, Xavier Jordán y Ronnny Aleaga no puedan ser llevados a juicio
La decisión más importante que deberá tomar el juez penal de Pichincha Geovanny Freire, dentro del caso Magnicidio FV, es si llama o no a juicio a las siete personas que son acusadas como autores mediatos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el cual ocurrió entre la tarde y noche del 9 de agosto de 2023.
Desde el 14 de agosto pasado se encuentra suspendida la audiencia preparatoria de juicio contra los cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, líder máximo ubicado con el alias de Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Además están en la lista de acusados el exministro del correísmo José Serrano; el llamado juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y el condenado por actos de corrupción en la salud y la justicia Daniel Salcedo.
Freire ingresó a deliberar la decisión que tomará respecto a 20 días en los que se escuchó el dictamen acusatorio de la fiscal Ana Hidalgo emitió contra los siete procesados y el pedido contra todos de que sean llamados a etapa de juzgamiento, los fundamentos de las tres acusaciones particulares y los descargos presentados por las defensas de los ubicados como autores mediatos del crimen estilo sicariato que se cometió contra el presidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye.
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Antes de declarar la suspensión de la diligencia, el juez Freire mencionó que su resolución será responsable y para ello tiene que remitirse a la verdad procesal, a la contrastación de los argumentos que se han esgrimido dentro de esta diligencia. Adelantó que sería irresponsable que él haga esto de manera rápida y por ello refirió que se dedicaría a este proceso exclusivamente desde el martes 18 de agosto. Les voy a comunicar a través de providencia cuándo va a ser la reinstalación para que escuchen la decisión judicial.
Si la decisión final del juez Freire es llamar a juicio a los siete procesados por el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de asesinato, el cual es sancionado con una pena privativa de libertad que puede ir de los 22 a los 26 años, la medida no podría alcanzar al menos a cuatro de los siete imputados.
Quienes están en el extranjero, es decir, prófugos fuera del alcance de las manos de la justicia, y han incumplido la orden de prisión preventiva dispuesta en Magnicidio son Serrano, Jordán, Aleaga y Chavarría. Los dos primeros se encuentran en Miami, Estados Unidos, Aleaga estaría bajo el estatus de refugiado en Venezuela y alias Pipo está detenido en España a la espera de que se formalice su extradición hacia Ecuador para que cumpla lo que le resta de una pena de cárcel por un triple crimen ocurrido en 2010.
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La etapa de juzgamiento no procedería con estos involucrados en Magnicidio debido a que la norma vigente define que de manera general la etapa de juicio deberá ser enfrentada por el acusado de forma presencial y solo en casos excepcionales que incluyen delitos graves contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito), los cuales están definidos en el artículo 233 de la Constitución, se podrá juzgar al imputado en ausencia.
En su resolución el juez penal deberá fundamentar el estado de ausencia de cada uno de los procesados, el cual originaría que la etapa de juicio en Magnicidio FV se suspenda. Esa suspensión se levantaría en el momento en que los procesados ubicados como prófugos se entregan voluntariamente a la justicia o son traídos a que respondan ante el juicio que mantienen.
A más de dos años de que se les ordenó prisión preventiva y se dispuso que se emita una difusión roja dentro del caso Metástasis contra Xavier Jordán y el exlegislador Ronny Aleaga, el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Alejandro Arteaga, solicitó a Estados Unidos y Venezuela que concedan la extradición de los dos procesados por el delito de delincuencia organizada, quienes tienen en suspenso la etapa de juzgamiento.
Como parte del dictamen acusatorio, la fiscal Hidalgo no solo pidió que se ratifiquen las medidas cautelares de prisión preventiva que pesan contra los siete investigados, sino también solicitó al juez penal de Pichincha que se inicien los trámites de extradición contra Serrano, Jordán, Aleaga y Chavarría.
Durante la audiencia las defensas de alias Pipo y alias Gordo Luis pidieron que se revisen las medidas cautelares vigentes sobre ambos, debido a que, según ellos, los elementos que dieron origen a la medida cautelar de privación preventiva de la libertad han desaparecido y existen hechos nuevos que obligan a que se revisen las mismas. Ese es un tema que debería ser resuelto por Freire en su resolución final.
De la lista de siete procesados en Magnicidio, solo se encuentran cumpliendo su orden de prisión preventiva alias Lobo Menor, alias Gordo Luis y Daniel Salcedo Bonilla. Los tres se encuentran en una celda de la Cárcel del Encuentro, localizada en la provincia de Santa Elena. Desde ahí ellos se han conectado vía telemática para asistir a los 20 días de audiencia que se realizaron dentro de la etapa preparatoria de juicio.
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José Serrano:
De acuerdo con el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el exministro del correísmo José Serrano fue una persona estratégica para consumar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al individualizar su acusación, se resaltó que él no fue un simple actor periférico, ya que transformó la propuesta de Jordán de asesinar a Villavicencio en una operación ejecutable.
“De la investigación se lo ubica también en la planificación. A través de los testimonios se detallan llamadas, reuniones, videollamadas con los otros miembros de la organización, entre ellos Daniel Salcedo, para coordinar el control policiaco y facilitar la ejecución del atentado mediante contactos dentro de la fuerza pública, como la Policía Nacional”, sostuvo Hidalgo.
Xavier Jordán:
Para la fiscal Ana Hidalgo, Xavier Jordán fue quien motivó la iniciativa de asesinar al excandidato presidencial y exasambleísta, pues Fernando Villavicencio, dijo, lo relacionaba de manera directa con casos de corrupción estatal y manejo de negocios ilícitos.
“Entre los nexos lo señalaba con Daniel Salcedo y la relación con el extinto Leandro Norero, generando así una afectación económica y personal al ser expuesto públicamente en medios digitales de denuncias públicas. Por tal motivo, surge el interés de represalia en contra del ciudadano asesinado (Fernando Villavicencio) y en estas circunstancias nace la necesidad de neutralizarlo”, comentó Hidalgo.
La Fiscalía ubicó a Jordán como la persona que realizaba actividades de planificación y acercamientos iniciales para realizar seguimientos a través de Leandro Norero (+).
Ronny Aleaga:
Que Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), funcionaba como un nexo entre la esfera política y la estructura criminal que se articuló para asesinar a Fernando Villavicencio fue la acusación de la Fiscalía en el caso Magnicidio FV. “Su función fue la de articulador político-criminal cooperativo. El señor Aleaga sirvió de nexo entre la esfera política, la estructura criminal, con operadores financieros y ejecutores”, dijo la fiscal Ana Hidalgo.
También se acusó al exlegislador del correísmo en los periodos 2017-2021 y 2021-2023 de que mantenía comunicaciones y contacto permanentes con Xavier Jordán, también procesado en este caso, y con el ahora fallecido narcotraficante Leandro Norero. Según el señalamiento de la Fiscalía, Norero le otorgó un vehículo blindado a Ronny Aleaga para su movilización cuando fue asambleísta.
Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’:
Como parte de su dictamen acusatorio, la fiscal Ana Hidalgo ubicó a Wilmer Chavarría Barré como el que dispuso operadores, activó recursos criminales, supervisó los seguimientos y autorizó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Sobre el rol de alias Pipo se resaltó que él, como máximo líder de Los Lobos, fue quien receptó el encargo de matar al candidato.
Mediante su capacidad de decisión dentro de la agrupación delictiva, agregó la Fiscalía, trianguló la información policial entregada, utilizó datos sensibles de Villavicencio, asignó funciones a sus subordinados y participó en decisiones conjuntas con los actores intelectuales a través de videollamadas por aplicaciones prepagadas. (I)
