Tribunal del caso Encuentro deja sin efecto convocatoria a audiencia de juzgamiento: se esperan “directrices” luego de la supresión de la Unidad Anticorrupción
El Tribunal de Juzgamiento del caso Encuentro, integrado por los jueces Víctor Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, dejó sin efecto las fechas señaladas para la instalación de la audiencia de juicio de los procesados Leonardo Héctor Cortázar Arcos y Karen Leonor Cornejo Ortega, que se encontraba convocada para el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre.
Barahona, presidente de la Sala de Juicio de lo que era la Unidad Anticorrupción, explica en su providencia del pasado 11 de septiembre que, en aplicación de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Resolución 187-2026 y al no encontrarse la causa comprendida, respecto de los procesados Leonardo Cortázar y Karen Cornejo, en alguno de los supuestos que permiten al órgano jurisdiccional continuar con su sustanciación, esto es, con audiencia instalada, suspendida o pendiente de anuncio de decisión, resolución o sentencia, no corresponde atender los escritos ingresados por la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado hasta que el órgano competente emita las directrices necesarias para continuar con el procedimiento en la causa.
“En consecuencia, se dejan sin efecto las fechas señaladas para la instalación de la audiencia de juzgamiento de los procesados Leonardo Héctor Cortázar Arcos y Karen Leonor Cornejo Ortega, que se encontraba convocada para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2026, a las 09:30”, concluye la providencia.
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La Resolución 187-2026 tiene que ver con la decisión tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) el 7 de septiembre pasado y con la que se suprimen las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado o Unidades Anticorrupción, como se las conocía coloquialmente, y modificar las competencias en razón de la materia y territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte de Justicia de Pichincha.
Dentro de la resolución, la disposición transitoria segunda se refiere a que las causas que se encuentran con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de anuncio de decisión, resolución y sentencia continuarán a cargo de los mismos jueces que conocieron en las dependencias judiciales suprimidas hasta su conclusión.
La posición de la presidenta del CJ:
Teniendo vigente lo decidido por el CJ, los jueces Barahona, Cabezas y Tapia no avanzarán con la diligencia hasta que el órgano competente emita las directrices necesarias para continuar con el procedimiento en la causa.
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Hace pocos días fue consultada la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, sobre la suspensión y los diferimientos de audiencias en casos que estaban en lo que era esa Unidad Anticorrupción. La titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial defendió la resolución emitida, asegurando que es clara, pues se indica que las causas pendientes se mantienen con los jueces que las están conociendo.
“Si vemos la disposición transitoria segunda, dice: las causas que se encuentren con audiencia instalada, suspendida o pendiente de anuncio de decisión, resolución y sentencia continuarán a cargo hasta su conclusión de los mismos jueces que conocieron en las dependencias judiciales suprimidas en la presente resolución. Es decir, las que instalaron y deben continuar, las que instalaron y van a dar decisión, las que dieron decisión y deben emitir sentencia van a mantenerse a cargo de los jueces que las conocieron. Las demás van a ser remitidas a esta nueva unidad que conforman estos 50 juzgadores. Ahora, ¿por qué se están suspendiendo o se están difiriendo? Porque estas deben ser remitidas a la otra unidad fortalecida y eso va a ocurrir estos días, o sea, no creo que pasen más de 48 horas”, indicó Caicedo.
Los nuevos juzgados, los ya sentenciados y quienes son vistos como prófugos:
Los empresarios Leonardo Cortázar y Karen Cornejo formaban parte de la lista de procesados que mantenían un llamado a juicio en suspenso en el caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada. Pero la etapa de juzgamiento se activó una vez que Cortázar, un abogado guayaquileño que fue extraditado desde Panamá y llegó a Ecuador el 10 de febrero pasado, y la empresaria Cornejo completaron su periodo de gestación bajo la medida de presentación periódica. Hasta antes de estos hechos, ambos fueron ubicados como prófugos de la justicia.
En el caso Encuentro se investigó en total a siete personas, las cuales, a decir de la Fiscalía, fueron parte de una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
El grupo investigado, según la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos. A decir de la Fiscalía, esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Rubén Chérres, empresario asesinado en 2023 en la provincia de Santa Elena; además, contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados.
A juicio fueron llamados en 2024 Danilo Carrera, Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la CNEL; Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y los empresarios Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Éricka Farías.
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El 20 de noviembre de 2024 se sentenció en primera instancia por delincuencia organizada a Carrera e Icaza. Por unanimidad, los entonces jueces anticorrupción Víctor Barahona, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia sentenciaron a Carrera, como autor directo, a una pena de diez años de cárcel; mientras que Icaza, como colaborador, recibió una condena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión.
Además de las penas de privación de la libertad, la Sala de Juicio definió una multa de 40 salarios básicos unificados (SBU) ($ 18.800) para Carrera y una de 20 SBU ($ 9.400) para Icaza. A cada uno de los condenados se le impuso el pago de una reparación integral de $ 682.188,08. Sobre la reparación integral económica, se aclaró que se habría identificado que el perjuicio ocasionado probado en el juicio suma $ 4′775.316,59, los cuales fueron otorgados a una persona natural y a tres consorcios que estaban vinculados a la misma red de corrupción.
Lo que se espera:
El próximo 23 de septiembre, Danilo Carrera y Antonio Icaza escucharán la decisión oral a la que llegó el Tribunal de la Corte de Pichincha que conoció los argumentos de la apelación a la sentencia de primera instancia que recibieron en Encuentro.
Aún se espera que se concrete que Hernán Luque Lecaro llegue extraditado desde Argentina, país en el que desde 2024 enfrenta un proceso de extradición que tuvo en segunda instancia, a inicios de mayo pasado, la confirmación de la justicia argentina para que sea puesto a órdenes de sus pares de Ecuador y del procesamiento del caso Encuentro.
En relación con los dos restantes procesados, el 30 de octubre de 2025, Gabriel Massuh, alias Turco, fue liberado en Colombia por la Fiscalía de ese país al ordenar la cancelación de la orden de captura con fines de extradición de quien tiene la calidad de refugiado; mientras tanto, la empresaria Éricka Farías se ha mantenido sin cumplir su medida de prisión preventiva, es decir, continúa en calidad de prófuga de la justicia. (I)
