Mordaza para tapar la crítica y el huachicol fiscal

Participé en el debate parlamentario y, desde la bancada del PRI, expuse argumentos sólidos contra lo que Morena aprobó con su mayoría legislativa sobrerrepresentada. La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor se presenta como defensa de los creadores, una causa justa, pero su mecanismo apunta a otra cosa: convertir a las plataformas digitales en vigilantes de lo que decimos.

La reforma dice que las plataformas responderán por lo que publiquen sus usuarios solo cuando puedan controlar la cuenta y reciban un beneficio económico. Suena a límite razonable, pero es una trampa. Toda plataforma puede bloquear una cuenta, y hoy todo se monetiza: el anuncio antes del video, el enlace de afiliado que deja comisión, la playera que el creador vende en su perfil, la membresía mensual, la propina en una transmisión en vivo, el patrocinio de la ferretería del barrio o el curso que se vende por mensaje directo.

Si todo deja dinero, la condición se cumple siempre, y un requisito que cualquiera cumple no es un requisito. Por eso ninguna plataforma queda fuera.

Además, quien sanciona no es un juez, sino el IMPI, una autoridad administrativa, con multas superiores a cuatro millones y medio de pesos. Frente a ese riesgo, la decisión de una empresa es evidente: defenderse cuesta millones y borrar mensajes no cuesta nada.

Las redes sociales eliminarán primero y preguntarán después, y se volverán las censoras del gobierno sin que este tenga que dar la cara. El propio dictamen admite que el esquema incentiva la remoción excesiva de contenidos, y lo aprueba igual. No es un descuido de la ley: es su funcionamiento, que les hagan el trabajo sucio de censurar.

Las consecuencias son concretas. Una caricatura que retrata a un funcionario como barrendero, un meme sobre el funcionario que inaugura un tren inservible, una videocolumna que usa diez segundos de una conferencia oficial para mostrar una clínica sin medicinas: bastará un reclamo para que desaparezcan, sin juez ni audiencia. Tras tres reclamos, la plataforma deberá cortar el servicio a los "reincidentes" , de modo que, sin sentencia alguna, un comunicador o un ciudadano perderá su cuenta, su audiencia y su voz.

Esto choca con la Constitución. El artículo sexto protege la manifestación de las ideas y el séptimo prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, que es lo que ocurre cuando se presiona a un intermediario para que calle al usuario. Los autores merecen protección, pero se les protege con jueces, procedimientos y derecho de defensa, no con multas administrativas que empujan a borrar primero.

Cabe preguntarse por qué tanta prisa por controlar la conversación pública. Quizá porque hay conversaciones muy incómodas, como la del huachicol fiscal, que consiste en introducir combustible al país declarándolo como otro producto para no pagar impuestos.

En marzo de 2025 llegó al puerto de Tampico el buque Challenge Procyon: sus papeles hablaban de aditivos para lubricantes, pero traía diez millones de litros de diésel. Cayó una red de marinos, funcionarios aduanales y empresarios a la que la Fiscalía atribuye el ingreso de al menos treinta y un buques, y cuyo quebranto la Procuraduría Fiscal estimó en seiscientos mil millones de pesos.

De esa historia surge un nombre que Morena preferiría no escuchar: Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, asesinado en 2021. Reportes de prensa lo señalan como financiador de campañas de Morena por unos quinientos millones de pesos ese año.

Nadie debe ser condenado por la prensa, pero un gobierno sin nada que esconder investigaría hasta el fondo. Este prefiere vigilar a quien pregunta.

Yo sostengo que ese dinero sucio sirvió para financiar triunfos corruptos en las urnas y para engordar a la juniorcracia, al clan de Andy y a sus amigos. Y mientras ese entramado sigue sin respuestas, a quien lo cuestiona se le baja el video.

Soy veracruzana y mi compromiso es con los veracruzanos que informan, crean, denuncian y opinan. Con el PRI, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, votamos en contra de esta ley y lo seguiremos haciendo. Los gobiernos pasan. La crítica se queda.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

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