Juicio político: se le agota el plazo al consejero del CPCCS David Rosero para presentar pruebas de descargo
El juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) David Rosero Minda avanza en la etapa de presentación de pruebas de descargo. El funcionario tiene hasta el 20 de septiembre para responder a las acusaciones y presentar los elementos que considere pertinentes para su defensa.
La Comisión de Fiscalización notificó a Rosero el 5 de septiembre, el mismo día en que calificó el pedido de juicio político presentado por el asambleísta Sergio Peña, exintegrante de la Revolución Ciudadana (RC) y actualmente aliado del oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN).
Peña acusa al consejero de un supuesto incumplimiento de funciones y sostiene que el proceso debe determinar si Rosero mantuvo reuniones con una de las postulantes al concurso para designar al próximo fiscal general del Estado, que se desarrolla en el CPCCS.
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Hasta el domingo 20 de septiembre, Rosero deberá presentar su contestación a las acusaciones políticas y las pruebas de descargo que respalden su defensa. En ese mismo plazo, Peña deberá entregar los elementos con los que pretende sustentar las imputaciones planteadas en su solicitud de juicio político.
Cumplido este plazo comenzará la etapa de actuación de pruebas de cargo y de descargo. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para practicar las pruebas admitidas y convocar a los testigos que sean propuestos por las partes.
Según el cronograma establecido por la comisión, el informe sobre la solicitud de juicio político estaría listo hasta el 5 de octubre de 2026.
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Las acusaciones contra Rosero
El pedido de juicio político fue presentado ante la Presidencia de la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2026, con el respaldo inicial de 46 firmas de legisladores de ADN.
El artículo 131 de la Constitución establece que para censurar y destituir a un consejero del CPCCS se requiere el respaldo de al menos 77 asambleístas. La bancada oficialista cuenta actualmente con el número suficiente de votos para superar ese umbral.
En el expediente se sostiene que Rosero ha tenido una participación activa en las sesiones del Pleno del CPCCS relacionadas con el concurso para designar al fiscal general del Estado. Según la acusación, su intervención no se habría limitado a un papel formal o protocolario, sino que habría ejercido las competencias que corresponden a su condición de integrante del Pleno, órgano encargado de adoptar las decisiones necesarias para el desarrollo de las distintas fases del concurso y, finalmente, resolver la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía.
Uno de los principales elementos presentados por Peña son tres fotografías publicadas por el portal AltavozEC, que corresponderían a una reunión entre Rosero y la postulante a fiscal general del Estado Inés Maritza Romero Estévez, actual jueza provincial de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha.
Según el expediente, el supuesto encuentro ocurrió el 5 de junio de 2026, alrededor de las 19:30, en la vivienda de la postulante, antes de una de las etapas consideradas clave dentro del concurso.
La acusación señala, además, que existirían otros elementos para sustentar el supuesto encuentro, entre ellos registros, testimonios, imágenes de cámaras de seguridad, comunicaciones y datos de ubicación. Estos elementos deberán ser incorporados y valorados durante la etapa de actuación de pruebas para determinar si las acusaciones contra el consejero se sostienen.
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(I)
