ICE detiene a más migrantes con menos operativos visibles
Estados Unidos alcanzó en julio el mayor número de arrestos migratorios en lo que va del segundo gobierno de Donald Trump. La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detuvo a 49 mil 571 personas, un alza de 15 por ciento frente a junio y de 70 por ciento respecto a febrero, según datos oficiales analizados por la agencia AP.
El récord llegó, sin embargo, en un mes en el que la propia agencia frenó su táctica más expuesta. A mediados de julio, tras la muerte de dos personas en enfrentamientos con agentes (el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y el colombiano Johan Durán Guerrero, de veintiséis años, en Biddeford, Maine), ICE suspendió las detenciones vehiculares que no fueran urgentes.
Según analistas, el aumento de las detenciones y deportaciones muestra que ya no dependen principalmente de los agentes federales.
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El brazo prestado
Texas y Florida concentraron cerca de 20 mil arrestos, alrededor de 40 por ciento del total nacional. Ambos estados impulsaron los llamados acuerdos 287(g), una figura de la ley migratoria estadounidense que permite delegar funciones de agente federal en policías estatales y municipales.
Al iniciar el mandato existían unos 135 convenios de esa clase en todo el país. Hoy la agencia reporta más de 2 mil 300. La modalidad más extendida faculta a los uniformados locales a indagar la situación migratoria de una persona durante labores ordinarias, como una revisión de tránsito por placas vencidas o vidrios polarizados. La propia dependencia describe ese esquema como un multiplicador de fuerza.
“Me encantaría que ICE fuera más un transporte que la primera línea”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ante el Congreso.
El costo del espectáculo
El cambio de estilo tiene una explicación política, ya que los operativos del invierno pasado en Chicago, Los Ángeles y Mineápolis dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos y un costo alto: una encuesta de NPR, PBS y el instituto Marist halló en febrero que dos terceras partes de los consultados creían que la dependencia se había excedido.
“Van a intentar mantener esto lo más oculto posible”, advirtió a la cadena NPR la abogada Kristin Etter, del Texas Immigration Law Council.
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El aparato también creció por dentro. Con recursos aprobados por el Congreso, ICE incorporó a 12 mil agentes nuevos y recortó su capacitación de seis meses a unas seis semanas para desplegarlos con rapidez. Un análisis del Cato Institute halló que la mayoría de los detenidos carece de condena penal.
Por el contrario, Nueva York fijó para esta semana el fin de los convenios de sus corporaciones locales con la agencia federal, y varias entidades más los prohibieron este año. El mapa de la aplicación migratoria se está partiendo por franjas políticas.
