El tufo de la corrupción
En febrero de 2018, los habitantes de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato, descubrieron que el progreso del sector energético huele a corrupción. No necesitaron un dictamen técnico ni una declaratoria oficial para saber que algo andaba mal; les bastó respirar. Un olor insoportable a hidrocarburos se coló en sus hogares, transformándose de inmediato en irritación de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, náuseas, mareos y opresión en el pecho. Ante la flagrante omisión de las autoridades, ciudadanos de 15 comunidades vecinas se organizaron bajo el nombre de Comunidades Unidas para frenar la peligrosa expansión de la terminal de almacenamiento de la empresa Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA.
La foto de la indignación se plantó frente a la escuela primaria Francisco I. Madero. Allí, decenas de padres de familia se manifestaron para advertir un riesgo de proporciones criminales: las aulas escolares se encuentran a escasos diez metros de la barda perimetral de la planta. Lo que en ese momento los manifestantes ignoraban era el volumen del monstruo que tenían como vecino. No sabían que la planta albergaba ya millones de litros de combustible, ni que sus tanques proyectaban una capacidad total de 100 millones de litros.
Esta bomba de tiempo fue autorizada formalmente en febrero de 2018 por el Cabildo de San José Iturbide, el cual aprobó una ampliación brutal para pasar de 240 mil a 615 mil barriles de almacenamiento (lo que equivale a casi 98 millones de litros). El permiso se otorgó en una coyuntura de sospecha generalizada debido a señalamientos relacionados con Beda Carreto Santiesteba, entonces gerente de Comercialización de Gas Natural y Etano de Pemex con Octavio Oropeza, a quien se vinculaba con contratos que habían beneficiado directamente a Gas Natural del Noroeste. Ese mismo año, el gobernador panista Miguel Márquez Márquez dejaba el poder en manos de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras que a nivel local asumía el alcalde morenista Genaro Martín Zúñiga Soto. Entre la burocracia entrante y el reparto de culpas, la salud de los niños pasó a segundo término.
Hoy, el escándalo ha alcanzado su punto más álgido. El 4 septiembre de 2026, el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, confirmó el aseguramiento en esta terminal de 59 millones de litros de combustible bajo sospecha de “huachicol fiscal” -contrabando de hidrocarburos- tras no acreditarse su procedencia legítima. El caso ya fue atraído por la FEMDO. Mientras tanto, Grupo SIMSA se defiende exhibiendo un permiso federal por 30 años otorgado por la CNE y SEA. La empresa alega que solo “renta” el espacio, en especial a Pemex, Tesoro México Supply & Marketing y ExxonMobil, mientras que Shell ya se ha deslindado de la operación.
Ante el millonario decomiso de combustible y el deslinde de las grandes corporaciones, quedan preguntas urgentes sobre la mesa: ¿Quién firmó y avaló los pedimentos para ingresar y almacenar un volumen tan descomunal de hidrocarburos de dudosa procedencia? ¿Cómo es posible que las autoridades federales, estatales y municipales hayan permitido que una bomba de tiempo de 100 millones de litros operara a unos pasos de las aulas escolares? ¿Qué tiene que pasar para que la salud y la vida de los niños de la primaria Francisco I. Madero valgan más que el jugoso negocio del huachicol fiscal? El tufo que emana de San José Iturbide ya no es solo de gas; apesta a impunidad institucionalizada.
Por Adriana Delgado
PAL
