El etanol como facilitador del huachicol, advierte Pemex
QUIEN HA ESTADO sonando la alarma sobre nuevos riesgos de huachicol es, ni más ni menos que, Pemex.Incluso, en canales formales de discusión al interior del gobierno, la petrolera dejó registro de que los planes de la Secretaría de Energía de flexibilizar la NOM-016 de calidad de combustibles incentivarían al mercado ilícito.
Hay evidencia en muchos estados de que el crimen organizado está usando etanol como una de las sustancias clave para diluir gasolina robada, y también como un componente de los que se producen en las huachirefinerías.
El control legal sobre el etanol es muy laxo, tanto así que los decomisos de combustible ilegal que realiza la Secretaría de la Defensa, que comanda el general Ricardo Trevilla, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch, se han dado en autotanques que indicaban transportar esta sustancia.
Meterlo a la mezcla de uso cotidiano haría casi imposible aplicar el control volumétrico de gasolinas que tanto trabajo está costando hacer operar a la empresa dirigida por Juan Carlos Carpio y al SAT, de Antonio Martínez Dagnino.
Los combustibles resultantes de estas mezclas de etanol dañan los autos y son muy contaminantes. Su uso, fuera de toda norma, es un factor en los altos niveles de ozono que, pese a las contingencias más frecuentes, dañan a la población.
Justo por eso la Suprema Corte, que preside Hugo Aguilar Ortiz, ya consideró en el pasado que los esfuerzos por normalizar su uso, como los que hoy encabeza la Secretaría de Energía, van contra el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
¿Por qué, entonces, la insistencia?
Quizás se cree que si cede en esto ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que encabeza Brooke Rollins, desaparecerá la presión sobre su dependencia en los temas más amplios del T-MEC.
Por ejemplo, políticas anticompetitivas y las barreras a la inversión privada en el sector. El problema es que el Departamento de Agricultura no dicta la agenda de las demás dependencias estadounidenses, y mucho menos de la Casa Blanca.
Energía no parece haber registrado que cualquier consideración que abra la puerta al huachicol trae marcaje personal del Departamento del Tesoro, al mando de Scott Bessent, la DEA, a cargo de Terrance Cole, y muchos más.
Y la advertencia de las áreas comerciales de Pemex ya está en blanco y negro.
EN EL SECTOR farmacéutico nacional crece la preocupación por la decisión de la Secretaría de Salud, que encabeza David Kershenobich, de abrir a medicamentos brasileños una vía regulatoria abreviada, a partir de los lineamientos publicados el pasado 2 de septiembre para reconocer las evaluaciones de Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil. El tema cobra especial relevancia, porque esta semana se encuentra en México una delegación de empresarios y autoridades brasileñas para presentar capacidades productivas y tecnológicas del sector salud. La industria farmacéutica advierte que México reconoce decisiones regulatorias de alrededor de 46 jurisdicciones, pero ninguna en términos equivalentes con respecto a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que dirige Víctor Hugo Borja. En el caso de Brasil, señala que Anvisa reconoce sólo a ocho agencias extranjeras y Cofepris no está entre ellas. La preocupación es que, mientras un medicamento extranjero podría obtener registro en México en 45 días hábiles mediante una simple revisión documental, los fabricantes nacionales deben cumplir diversos requisitos, como pruebas de bioequivalencia y certificados de buenas prácticas de fabricación que pueden tardar meses para otorgarles un registro. El reclamo de fondo es que México está abriendo su mercado sin obtener reciprocidad, mientras que la nación que gobierna Luiz Inácio Lula da Silva mantiene mecanismos de protección e incentivos para su industria nacional. Para los laboratorios en el país esta asimetría contradice el objetivo de fortalecer la manufactura nacional y podría terminar colocando en desventaja a quienes producen medicamentos, justo en oposición al Plan México que tanto promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.
LA VISITA DE Estado que realiza el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, del 23 al 26 de septiembre, también ofrece un buen momento para revisar el peso que han alcanzado las empresas coreanas en México. Samsung encabeza esa historia con inversiones acumuladas por dos mil 600 millones de dólares, cinco plantas de manufactura y una operación que genera 13 mil 500 empleos directos y 45 mil indirectos. En los últimos 12 meses, firmas como KIA, Hyundai Mobis, LG, LS Cable & System, SL Corporation y Doosung Tech anunciaron proyectos por más de mil 172 millones de dólares en territorio nacional. La concentración de capital en electromovilidad, electrónica avanzada e infraestructura energética confirma que México se ha convertido en una pieza estratégica para la expansión industrial de Corea del Sur en Norteamérica.
LOS PROBLEMAS FISCALES se están convirtiendo en un nuevo dolor de cabeza para Uber. En Jalisco, la plataforma sufrió un revés judicial al no conseguir la suspensión que buscaba para evitar, mientras se resuelve un amparo, las obligaciones derivadas de su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. Por ahora deberá permanecer registrada y cumplir con declaraciones, pagos y demás requisitos relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas. La empresa dirigida por Félix Olmo argumenta que no realiza actividades gravadas por ese impuesto en la entidad, pero el tribunal consideró que debía prevalecer el interés público en materia de fiscalización y recaudación. El caso abre un nuevo frente para Uber en el estado gobernado por Pablo Lemus. A la disputa tributaria se suma el conflicto por los viajes en motocicleta ofrecidos mediante plataformas.
LA POSIBILIDAD DE revisar la concesión ferroviaria de Ferromex entre Nogales y Nacozari empieza a generar inquietud entre inversionistas y especialistas del sector. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a evaluar el futuro de ese tramo, tras los accidentes registrados en Sonora y las dudas sobre el mantenimiento de la infraestructura. El activo forma parte de la red operada por Ferromex, subsidiaria de Grupo México de Germán Larrea. Analistas advierten que una eventual revocación enviaría señales delicadas sobre la certidumbre jurídica de las concesiones federales. Nadie discute la obligación de los concesionarios de garantizar seguridad y mantenimiento. Sin embargo, el precedente de retirar una concesión podría reabrir el debate sobre las reglas del juego para la inversión privada en infraestructura.
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