Concurso de fiscal general: tres postulantes fueron impugnados este martes ante la comisión ciudadana
Tres nuevas audiencias públicas de impugnación se realizaron este martes, 22 de septiembre, ante la comisión ciudadana de selección que lleva adelante el concurso de fiscal general del Estado.
Los postulantes Julia Maritza Villalta García, Mauricio Javier Aguirre López y Andrea Elizabeth Cazar Villacís fueron impugnados durante esta jornada por el mismo ciudadano: Luis Edwin Cangahuamín Andrango.
La primera audiencia se realizó pasadas las 10:00 en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en Quito, en la cual el procurador o representante de Cangahuamín apeló la postulación de Villalta García, alegando una presunta contradicción en la documentación presentada por la aspirante sobre el lugar de su residencia.
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“Dentro de la documentación presentada por la postulante se ha indicado una condición amazónica declarada, se aporta un documento de soporte y, por ende, se le ha otorgado un punto por residir en la Amazonía (...); tenemos los documentos como la cédula o el certificado de votación, en los que se constata el lugar de nacimiento y el último lugar donde sufragó la doctora Villalta, que es en la provincia de Loja, cantón Puyango”, sustentó el representante del impugnante.
Cangahuamín basó su apelación en el artículo 46, numeral 2, del reglamento para la selección de fiscal, que señala la falta de probidad e idoneidad.
Por su parte, Julia Maritza Villalta sostuvo que la documentación que presentó para su postulación es verdadera y que no ha alterado ningún documento. La postulante enfatizó que no se le puede trasladar la responsabilidad de la verificación de la documentación, pues esa es una tarea de la comisión ciudadana de selección.
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“No le corresponde al postulante juzgar si merecía o no el punto que me fue asignado por parte de la comisión. Los artículos 35 y 39 de la codificación del reglamento le otorgan esa responsabilidad a la comisión que calificó mi documentación”, respondió Villalta y resaltó que esta impugnación en su contra no está justificada.
La siguiente audiencia fue por la impugnación en contra del postulante Mauricio Javier Aguirre López.
El impugnante volvió a invocar el numeral 2 del artículo 46 del reglamento, sobre la falta de probidad e idoneidad, tras argumentar que en el expediente existe documentación en la que el concursante declaró que el registrador mercantil de Quito es su hermano. Adicionalmente, expuso el procurador de Cangahuamín que Aguirre afirmó bajo juramento no encontrarse inmerso en conflicto de intereses de ninguna índole, a pesar de lo cual presentó como mérito un reconocimiento expedido y firmado por su hermano, obteniendo 0,25 puntos por dicho documento.
“La causal en sí se dirige a la incompatibilidad objetiva entre la negación absoluta del conflicto de intereses, el origen familiar e institucional del documento y el beneficio obtenido”, sustentó.
En su defensa, Aguirre, a través de su procurador, refutó que no se identifica ninguna conducta deshonesta, fraudulenta, engañosa o turbia en torno a su postulación. El aspirante se opuso a los fundamentos del impugnante y aclaró que, tras revisar la documentación, no existe ninguna falta de probidad o de idoneidad.
Mauricio Aguirre López pidió a los comisionados que desechen esta impugnación.
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En horas de la tarde se realizó una tercera audiencia. Nuevamente, Luis Edwin Cangahuamín Andrango impugnó la postulación de Andrea Elizabeth Cazar Villacís por el mismo artículo y numeral que en las dos impugnaciones anteriores.
Esta vez, el ciudadano alegó el desistimiento de una acción de protección que presentó Cazar, tras ser inadmitida en el concurso para la selección de defensor público en 2023.
“En primer lugar, debo precisar que no se cuestiona la existencia de una acción de protección ni de su desistimiento considerados de forma aislada, sino una secuencia procesal debidamente documentada: inadmisión en un concurso público, reconsideración desfavorable, reactivación de una acción jurisdiccional que pretendía la nulidad integral del concurso, señalamiento de audiencia, desistimiento presentado un día antes de la diligencia y una solicitud institucional de control disciplinario por posible abuso del derecho”, explicó el impugnante.
La participante cuestionó la validez de los documentos presentados para la impugnación y argumentó que el ciudadano recurrió a “una retórica rebuscada que pretende criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales para armar un relato que carece de toda lógica”.
“Al revisar el expediente físico, constatamos que no existe ninguna copia certificada de los documentos a los que hace mención el impugnante. Asimismo, si estamos hablando de documentos con firma electrónica, tampoco constan en el expediente anexos digitales, documentos materializados ni desmaterializados. En consecuencia, se trata de una prueba inexistente”, dijo Andrea Elizabeth Cazar ante la comisión.
Las audiencias de impugnación continuarán este miércoles, 23 de septiembre, con las apelaciones a los postulantes Mario David, Fonseca Vallejo, Luiggi Roberto Miranda Peralda y Christian Ramón Rodríguez Torres. (I)
