Caso Triple A: se difiere audiencia de suspensión condicional de la pena de cuatro sentenciados
La audiencia de suspensión condicional de la pena que solicitaron cuatro sentenciados en el caso Triple A, que estaba prevista para las 17:00 de este lunes, 14 de septiembre de 2026, fue diferida.
Los condenados a dos años y ocho meses de cárcel en calidad de cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos que solicitaron la suspensión de su pena son Carolina del Rocío Troya, Lady Juliana Cedeño, Jessenia Vélez Orellana y José Ricardo Cevallos Avellán.
La diligencia se difirió por pedido del abogad de Cevallos Avellán. La solicitud fue aceptada por el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jorge Sánchez Pico, tras constatar que el pedido fue debidamente justificado.
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El magistrado informó que oportunamente se notificará un nuevo día y hora para la instalación de la audiencia condicional de la pena, de manera virtual.
Para la audiencia de este lunes, el magistrado ordenó que deberán presentarse la Fiscalía General del Estado, los sentenciados con sus defensas técnicas y la acusación particular, como la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador.
El pasado 29 de agosto, el Tribunal sentenció a seis años y ocho meses de prisión a Aquiles Alvarez y a otras cuatro personas en calidad de culpables; mientras que otras cuatro, quienes ahora piden la suspensión de la pena, fueron sentenciadas a dos años y ocho meses de cárcel en calidad de cómplices.
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En tanto que para las empresas vinculadas al alcalde Alvarez y su familia, como Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Fuelcorp S. A., Indudiésel S. A. y Harsajudi S. A., el Tribunal dispuso su clausura definitiva y disolución.
Además, los jueces dispusieron a los sentenciados una reparación integral por $ 61,5 millones a favor de Petroecuador y de la ARCH. Además, impusieron una multa de doce salarios básicos para las personas naturales y mil salarios básicos para las empresas declaradas culpables.
En este caso, seis personas fueron declaradas inocentes, lo cual fue apelado por la Fiscalía General.
Según la acusación de la Fiscalía, entre 2020 y 2024 se desviaron 22,7 millones de galones de diésel y gasolina, lo que generó un perjuicio económico al Estado de $ 61,5 millones. Según la investigación, el mecanismo consistía en adquirir combustible subsidiado destinado al segmento automotor y posteriormente comercializarlo en los segmentos industrial y naviero internacional, que no correspondían a su destino autorizado y en los que se comercializaba a precios superiores. (I)
