La clase media vapuleada

Mientras las derechas populistas ganan peso en los comicios europeos, grupos de la izquierda extrema -aprovechando o simplemente pretendiendo encarnar inquietudes y protestas que desazonan en particular a las generaciones más jóvenes- buscan sustituir el debate y las urnas por la coacción y el amedrentamiento en la calle. Francia ardió el pasado sábado. París, joya del continente, ofreció un espectáculo tenebroso: comercios desvalijados, coches quemados, mobiliario urbano estragado. La violencia alcanzó ciudades medianas y grandes, hasta el incendio del Ayuntamiento de Limoges, símbolo de la República. Asusta contemplar el mapa de la ruina. Y, frente a los devastadores engallados, los ciudadanos de orden, aterrados.

La sacudida desborda Francia. En Milán, tras los disturbios y saqueos del fin de semana, Giorgia Meloni ha dispuesto el despliegue de otros 500 militares para apoyar a las fuerzas de seguridad, al tiempo que anuncia medidas más severas contra el salvajismo urbano. La paradoja es inquietante: quienes invocan el antifascismo para justificar la intimidación terminan alimentando la reacción que dicen combatir. El desorden engendra un ansia creciente de autoridad, que puede desembocar en la aceptación de soluciones incompatibles con las libertades democráticas. La historia europea muestra antecedentes terribles de sociedades que, exhaustas ante el caos, se avinieron a sacrificar derechos a cambio de seguridad.

La construcción europea enraizó en una promesa que iba más allá del mercado común, las instituciones y las reglas: la prosperidad encuadrada en el imperio de la ley. El esfuerzo, el trabajo, el ahorro y la educación permitirían mejorar la propia condición y brindar a los hijos un porvenir. Ese planteamiento sostuvo la expansión de las clases medias, dio estabilidad a nuestras democracias y consolidó el Estado de bienestar. Democristianos, liberales y socialdemócratas discrepaban sobre las políticas, pero compartían los fundamentos de un orden capaz de conjugar libertad, seguridad y progreso. Hoy, para millones de europeos, aquella promesa ha dejado de ser creíble.

La clase media sufre el vapuleo en dos ámbitos inseparables. La primera es económica. Trabaja, paga impuestos, cumple las normas, pero ve cómo se estrecha su margen vital, cómo adquirir una vivienda resulta quimérico para sus hijos; cómo se desvanece, en suma, la expectativa de progreso. La segunda afecta a la trama elemental de la convivencia. Los ciudadanos aprecian que sus derechos quedan relegados frente a la protección dispensada a quienes no respetan las reglas. Las dificultades para conseguir plaza en el colegio deseado, las esperas en urgencias, la delincuencia reincidente que entra por una puerta de la Justicia y sale por otra son situaciones distintas que avivan una misma percepción de desconsideración.

Quienes acatan las leyes y mantienen los servicios públicos sienten que el Estado les exige responsabilidades que no reclama igual a quienes están minando el sistema. El daño trasciende el deterioro de las prestaciones; la idea de reciprocidad de obligaciones sobre la que descansa la comunidad se diluye. Se resquebraja algo más profundo que el bienestar material: la confianza en las instituciones y en el propio contrato social.

El impacto está a la vista con el desgaste generalizado de los partidos clásicos. Sería un error despachar esta realidad como reacción visceral ante los embates de la globalización, la inmigración o la ruptura tecnológica. Detrás hay agravios contrastados, falta de reconocimiento y desamparo frente a unas élites ajenas a las repercusiones de sus decisiones, porque estas no les conciernen en lo cotidiano. La frustración se muda en resentimiento; el resentimiento, en instrumento de movilización para quienes presentan salidas fáciles a problemas de extraordinaria complejidad. La polarización deja de ser sólo consecuencia del malestar para convertirse también en una forma de explotarlo políticamente.

Los grandes partidos que construyeron la Europa actual afrontan dos riesgos. Muchos están desapareciendo electoralmente: en Francia, socialistas y conservadores, que se alternaron durante décadas en el poder, apenas superaron juntos el 6% de los votos en las presidenciales de 2022. Hoy, Agrupación Nacional y Francia Insumisa se reparten el grueso del censo y cuestionan, desde posiciones diferentes, pilares de aquel consenso. Mientras, algunos de los que siguen, guardan las siglas, pero pierden la identidad. España adolece con particular virulencia de esta deriva. Pedro Sánchez, se ufana de haber erigido en eje de su discurso el enfrentamiento con la mitad de los españoles que sitúa "al otro lado del muro". Bajo su mandato, el PSOE en su estrategia del poder por el poder incorpora proposiciones radicales, extrañas a su tradición socialdemócrata.

Aquí estriba una distinción esencial. El descontento, por legítimo que sea, no troca cualquier respuesta política en remedio. Denunciar la polarización mientras se desatienden inquietudes razonables equivale a pedir confianza sin aportar motivos para restañarla. Y apropiarse de las recetas de los extremos para disputar sus votos erosiona el entramado que se pretende defender. Los principios de la democracia liberal y del Estado de Derecho no son un catálogo de medidas inmutables. Constituyen el marco dentro del cual los gobiernos pueden -y deben- modificar sus políticas cuando las circunstancias lo demandan.

El Derecho se interpreta y aplica atendiendo a la realidad sobre la que opera. Su función no consiste en paralizar la acción del Estado, sino en orientarla para preservar el orden de libertad que protege. La reclamación de autoridad no entraña a una llamada al autoritarismo. En inmigración y seguridad este enfoque resulta palmario. Controlar las fronteras, ejecutar las resoluciones de retorno y garantizar la seguridad ciudadana no contradicen el Estado de Derecho; son expresión del deber de materializarlo. El poder no puede inhibirse y dejar el campo libre a quienes auguran ejercerlo sin límites.

Sería, sin embargo, un error pensar que basta con restablecer el orden. La crisis de confianza tiene raíces más hondas. Europa necesita rehabilitar su capacidad de crear prosperidad y creer en ella. Esa es la clave de bóveda de los reproches. Hemos hablado mucho de autonomía estratégica, defensa común y protagonismo geopolítico. Pero, ¿qué cimientos sostienen esas ambiciones? Seguimos con el mercado interior incompleto, especialmente en servicios, capitales y energía; acumulamos obstáculos a la inversión y nos cuesta transformar la innovación en empresas que compitan a escala mundial. La normativa no suple la capacidad de producir, innovar y crecer.

Sin densidad interna, los sueños de grandeza europea se quedarán en declaraciones. La seguridad exterior reclama recursos, tecnología, industria y una economía que los afiance. Esa misma economía debe proporcionar salarios, empleo y oportunidades. No son dos agendas separadas. La Unión no puede aspirar a contar entre las potencias del mundo mientras se debilitan las bases tangibles que sustentan el bienestar de sus ciudadanos. La endeblez económica lastra nuestra influencia global y carcome la confianza de los europeos en su futuro.

Las clases medias ocupan el centro de esta ecuación. Su decaimiento compromete la cohesión social, la financiación del Estado de bienestar y la disposición al pacto político. La democracia liberal no se reduce a una propuesta material; las libertades y garantías tienen valor en sí. Pero tampoco saldrá indemne de una pérdida prolongada de legitimidad funcional, de su aptitud para ofrecer seguridad y perspectivas de progreso. La aplicación efectiva de las reglas y la recuperación del vigor económico forman parte de una misma tarea: vivificar el contrato social.

Entramos en un ciclo electoral crucial, con citas de singular trascendencia en Francia, Italia o Polonia. España votará el 29 de noviembre. Las decisiones nacionales atañerán al equilibrio político de la Unión y su virtualidad para actuar cuando las grandes potencias recurren sin disimulo a cualquier característica que quepa arsenalizar en términos de poder.

El desafío no consiste en elegir entre firmeza y libertad, ni entre prosperidad y principios. El marco que ha permitido a España lograr sus mayores cotas de libertad y bienestar admite -y la realidad reclama- reformas profundas. La responsabilidad corresponde a quienes gobernarán, pero no termina en ellos. También alcanza a los ciudadanos. La frustración no puede sustituir al juicio político. Los españoles tienen derecho a exigir respuestas al malestar que padecen, pero recae en ellos simétricamente la responsabilidad de examinar los proyectos que se les exponen, su viabilidad y su respeto a las reglas que hacen posible la convivencia en libertad.