El montaje que respaldó el poder, no las pruebas
La de Isabel Miranda Torres, La señora Wallace, es una de esas historias que se sostienen por quienes las respaldan y no tanto por las pruebas, y el viernes pasado el sistema judicial parece haber dado señales de reconocerlo: después de más de 20 años de proceso penal, un juzgado de la Ciudad de México ordenó levantar el arraigo domiciliario a Brenda Quevedo Cruz y retirarle el brazalete electrónico que portaba en el tobillo. Diecisiete de esos años los pasó presa en distintos reclusorios, sometida a torturas documentadas, sin que jamás se dictara una sentencia en su contra por el presunto secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de Miranda, en 2005. Brenda deberá firmar ante el juzgado cada mes y mantiene la prohibición de salir del país, pues el proceso sigue abierto. Su libertad apenas empieza.
Brenda comparte destino procesal con otras cuatro personas que continúan presas por el mismo delito: Jacobo Tagle, todavía sin sentencia; y César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, los tres ya condenados. Los cinco denunciaron haber sido torturados por las autoridades y contra los cinco pesó un solo elemento probatorio central: el testimonio de Juana Hilda González Lomelí, la primera detenida, obtenido bajo tortura según determinó hace un año la Corte. La liberación inmediata de Gonzalez dejó al descubierto la fabricación de un expediente que hoy se estudia como alegoría de las fallas del sistema judicial mexicano. La propia Brenda ha insistido en que el caso tuvo la disposición del Estado para sostenerlo durante dos décadas. “Si se destapara toda la cadena de complicidades y corrupción que facilitó la fabricación del caso, de mínimo deberían de caer unas cuantas cabezas que todavía están operando en el sistema judicial”, ha dicho.
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de Brenda, ha señalado que las pruebas disponibles hasta ahora sugieren que Hugo Alberto sigue con vida, y que el proceso penal nunca se concentró en esclarecer ese punto, sino en sostener la culpa de los acusados. La periodista Guadalupe Lizárraga reveló en 2014 el uso de tarjetas y del teléfono celular de Hugo Alberto meses después de la fecha en que, según la versión oficial, ya había sido asesinado. En 2015, Lizárraga sumó evidencia sobre una identidad alterna de Hugo Alberto. Más reciente, la novia del desaparecido, Claudia Muñoz, ha declarado ante la justicia que sostuvo comunicación con él en 2007, dos años después del supuesto homicidio. Ninguno de estos hallazgos, por separado, resulta concluyente, pero juntos contradicen la historia que montó Isabel Miranda.
Fallecida en 2025, Miranda construyó su carrera pública a partir de este caso: fundó Alto al Secuestro, ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 y fue candidata del PAN a la jefatura capitalina en 2012. Esa misma cercanía con Acción Nacional, según han documentado periodistas y familiares de las víctimas, le permitió ejercer autoridad sobre el Ministerio Público y las corporaciones policiales sin ocupar cargo público alguno. Lizárraga documentó que Miranda ya portaba una credencial de seguridad pública federal desde 2004, y que acompañaba a Genaro García Luna en labores relacionadas con víctimas de secuestro desde 2001, cuatro años antes de que su hijo desapareciera.
Dos datos más sostienen la hipótesis de que esto fue un plan de Miranda y del Estado. La influencia que Miranda alcanzó en la SIEDO: Ricardo Martínez Chávez, su abogado particular, fue designado responsable del área de secuestros el 10 de julio de 2005, apenas dos días antes de que se reportara oficialmente la desaparición de Hugo Alberto. (El despacho de Martínez terminó a cargo de la investigación que derivó en el arresto de González, Tagle, Freyre, los hermanos Castillo y Brenda). Y su influencia, años después, en la Corte: la entonces ministra Norma Piña nombró secretario de estudio y cuenta al cuñado de Miranda, un dato que distintos defensores citan como evidencia de que la red construida en torno a este caso trascendió a su fundadora. Es decir: Isabel Miranda tuvo amigos en la cúspide del poder político y policial mexicano dispuestos a convertir su tragedia personal en política de Estado.
El expediente que encarceló a Brenda exhibe la facilidad con el aparato de justicia mexicano puede convertirse en instrumento privado cuando quien lo solicita tiene los contactos correctos.
Por Alejandro Almazán
PAL
