Para recuperar el lustre de la Unión

Islandia ha dicho no. No exactamente a la Unión Europea, sino a reanudar el procedimiento de adhesión materialmente iniciado en 2010 y suspendido tras el cambio político de 2013. En 2015, Reikiavik comunicó que no tenía intención de reemprender aquellos tratos y pidió dejar de ser considerado candidato, aunque no demandó la retirada formal. Una semana después del referéndum, más que detenerse en la aritmética del resultado, cumple preguntarse qué revela: ¿por qué un país europeo, democrático, rico y con un grado elevado de participación en las estructuras comunitarias no ha encontrado causas suficientes para querer explorar sin ambages la incorporación plena al señero proyecto de futuro?

Conviene, así, tomar distancia y repasar las circunstancias, sin rasgado de vestiduras ni alharacas. La consulta no nació de una movilización europeísta. Formó parte del pacto que permitió constituir la actual coalición de Gobierno y obedeció, en particular, a la exigencia de Viðreisn, pequeño partido liberal que llevaba la adhesión a la UE en su programa. Eso explica la extrema endeblez de la campaña del sí. No se ofreció una visión sustantiva de lo que supondría pertenecer a la Unión, ni siquiera se estableció una estrategia política concreta que justificara el tránsito. El argumento fue puramente procesal: digamos sí a negociar, y ya veremos. Frente a ello, el no expuso intereses reconocibles y cercanos: pesca, agricultura, recursos, soberanía.

El referéndum se anunció a finales de febrero, todavía bajo la conmoción de Groenlandia provocada por Trump. Transcurridas apenas tres semanas, Reikiavik suscribió con la Unión una Asociación de Seguridad y Defensa que engloba el Ártico, la seguridad marítima y cibernética, las infraestructuras críticas y las amenazas híbridas, entre otras áreas. El país que acaba de rechazar retomar el camino de la adhesión está, al mismo tiempo, estrechando con Europa precisamente vínculos en campos emblemáticos de soberanía, lo cual no deja de encerrar cierta paradoja (no hay noticia de retirada formal de la candidatura): ¿seguirá Islandia en nadar y guardar la ropa? La soberanía a ultranza, sostenida hasta la impotencia, se vacía de contenido y pierde su razón de ser.

Bruselas no debía hacer campaña. No era su papel. Lo que sí cabía esperar es un relato; un relato de fuste. Y no lo tiene. Islandia, con un territorio más de tres veces el gallego y apenas un séptimo en población (400.000 habitantes), accede ya al mercado interior a través del Espacio Económico Europeo, se encuadra en Schengen y es miembro de la OTAN (careciendo de ejército, apostó por un acuerdo con Estados Unidos, firmado en 1951). Para el votante tiene, pues, toda la lógica preguntarse qué sumaría abrazar la Unión sobre los beneficios que obtiene ya por canales varios.

Los adversarios del proyecto europeo, entendiendo el valor simbólico del resultado, se regodean en una cantinela simple y pegadiza: los países ricos prefieren mantenerse fuera o hasta marcharse, mientras quienes llaman a la puerta lo hacen atraídos por el señuelo de la prosperidad. Citan Noruega e Islandia; recuerdan el Brexit; añaden Groenlandia, que cesó de estar incluida en las Comunidades en 1985; y exhiben como signos de desapego las singularidades sedimentadas durante décadas por Dinamarca e Irlanda, la primera mediante sucesivos opt-outs y la segunda preservando márgenes propios en ámbitos sensibles. El conjunto transmite una imagen tan eficaz como sesgada. Sin embargo, la falta de ecuanimidad no debe ocultar la pregunta que contiene: ¿qué hace hoy deseable la pertenencia plena a la Unión que merezca respaldar compartir soberanía?

A lo largo de su historia, una respuesta central fue la prosperidad. Pero esa promesa nunca se disoció de la seguridad.

La construcción europea emanó del gran designio occidental concebido durante la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de las catástrofes de la primera mitad del siglo XX. La Carta del Atlántico anticipó un orden en tres compases: la paz como objetivo estratégico, la prosperidad como sustancia de esa paz, y el intercambio abierto conforme a reglas como vía para alcanzarla. Bretton Woods, Naciones Unidas y el sistema comercial desarrollarían esa intuición en el plano multilateral.

Europa llevó el paradigma a su máximo porque se prestaba a encauzar un problema existencial: la cuestión alemana. Después de dos devastadoras contiendas mundiales, ya no bastaba con restablecer equilibrios entre naciones. Se imponía anclar el poder alemán en un entramado que imposibilitara su expresión destructiva. La Alemania derrotada, arruinada y dividida ofrecía una oportunidad histórica: encauzar su recuperación dentro de un orden común, en lugar de reincidir en la lógica punitiva del Tratado de Versalles que, cargando las tintas sobre la Alemania vencida, tan mal resultado dio. Ese fue el sentido profundo de la Declaración Schuman y del Tratado de París. El carbón y el acero no eran sectores escogidos al azar; trababan el poder industrial y militar. Ponerlos bajo una autoridad común significaba someter el poder a Derecho, instituciones e interdependencia para conservar la paz.

De aquel propósito brotó una formidable estructura de prosperidad. Mercado único, libertad de circulación, moneda, cohesión y ampliaciones hicieron de la Unión una extraordinaria máquina de continuidad y crecimiento. Tras 1989, entrar implicó para las nuevas democracias del Este regresar políticamente a Europa, afianzar sus instituciones y participar del bienestar occidental.

El objetivo no ha cambiado; sigue siendo la paz. Han cambiado las condiciones para salvaguardarla.

El diseño originario pretendía domesticar fundamentalmente el poder en el seno del continente. El reto actual consiste en defender el ser europeo frente a poderes externos que socavan, de maneras diferentes, los presupuestos mismos de su estabilidad.

Rusia lo hace abiertamente: guerra, presión híbrida, ciberataques, coerción. China se desempeña erosionando elementos definitorios del mercado interior mediante subsidios masivos, control de cadenas críticas, dependencias industriales y utilización estratégica de su escala económica. Estados Unidos plantea un desafío de otra naturaleza, pero de envergadura; ha dejado de constituir la garantía última de seguridad que Europa pudo dar por supuesta durante décadas. Además, la Administración Trump mina principios esenciales del orden occidental del que Washington fue arquitecto eminente —ataca el andamiaje comercial y la propia relación transatlántica—, mientras trata a aliados y socios con una lógica transaccional sin sutilezas. Su revisión del despliegue militar en Europa, así como fondo y formas del traslado de responsabilidades convencionales a los europeos, hacen inviable seguir organizando nuestra seguridad sobre la ficción de una tutela estadounidense indefectible.

Esta es la mutación del mundo, pero la Unión todavía no ha extraído de ella las consecuencias en ambición, instituciones y adaptación de instrumentos.

Durante décadas pudo concentrarse en consolidar un espacio interno donde el poder quedara sujeto a reglas. Ahora debe demostrar que ese sistema produce poder suficiente para defender también fuera las normas, los intereses y la vida que ha creado. Eso exige culminar el mercado único, aún incompleto en capitales, energía, servicios o comunicaciones. Pero ya no basta. Como esta columna sabatina ha reclamado tantas veces, el siguiente salto de integración debe darse imperativamente en política exterior, seguridad y defensa.

No como alternativa a la OTAN, sino como condición para que exista un verdadero pilar europeo dentro de ella y para que los europeos dispongan de medios propios adecuados cuando Washington no comparta sus prioridades. Lo cual implica industria de defensa, compras coordinadas, interoperabilidad, financiación, capacidades estratégicas. Y, por encima de todo, autonomía de decisión. Porque veintisiete ejércitos no equivalen por simple adición a una defensa europea, y de veintisiete políticas exteriores tampoco emerge naturalmente una política exterior común.

La prosperidad sigue siendo un incentivo colosal para quienes aspiran a entrar. Pero en un mundo más inseguro, la pertenencia plena tendrá que ofrecer algo que ningún conjunto de acuerdos parciales pueda proporcionar: protección, capacidad de acción y peso político.

Islandia cuenta hoy con el mercado europeo y la seguridad atlántica por vías distintas. Su no obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué añade la Unión? La respuesta no puede limitarse a más prosperidad. El impulso de asociación nació para preservar la paz sometiendo el poder europeo a reglas. Su futuro depende ahora de comprender la otra cara de aquella intuición: preservar la paz demanda también disponer de poder suficiente para defenderla en el mundo.

En ello reside el lustre que la Unión tiene que recuperar.