El manotazo presidencial y las grietas del poder en Sinaloa
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el intempestivo retorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue un ejercicio de autoridad política que amplios sectores celebraron. Más allá de las diferencias con su gobierno, el manotazo en la mesa fortaleció su investidura y exhibió control político. También evidenció fallas graves en los sistemas de inteligencia, que debieron alertar a la Mandataria sobre este intento de retomar el poder. De haber funcionado correctamente, se habría evitado un sainete que reveló inconsistencias y pugnas internas en el grupo gobernante.
La lógica del ex gobernador debe analizarse a partir de hechos que pudieron motivar su conducta. A principios de agosto, en una mañanera, la Presidenta afirmó que volver a la gubernatura sería decisión personal de Rocha Moya. Poco después se supo que el general Mérida ya no estaba encarcelado en Estados Unidos, lo que sugiere que se convirtió en testigo protegido; lo mismo se sospecha del exsecretario Enrique Alfonso Díaz Vega, cuyo paradero sigue inexplicablemente desconocido. A ello se sumó la detención de Fausto Corrales ayudante del exrector Héctor Meliesio Cuen y el grotesco episodio de su falsa muerte de en una gasolinera. Todo ello pudo llevar a Rocha a pensar que debía retomar el mando.
Posteriormente, la Presidenta insistió en que los demás coacusados por el Departamento de Justicia estadounidense también debían pedir licencia. El senador Enrique Inzunza optó por separarse del grupo parlamentario de Morena mediante una confusa misiva. Para retirarlo del Senado podría seguirse un juicio de procedencia, aunque existe un mecanismo administrativo previsto en el artículo 15, numeral 1, fracción IV del Reglamento del Senado, que establece que la suplencia se hace efectiva cuando el propietario deja de asistir a 10 sesiones consecutivas sin causa justificada.
Para la opinión pública sigue pendiente el desenlace judicial de este complejo asunto. Además de las solicitudes de detención con fines de extradición de los 10 acusados por presuntos vínculos con el narcotráfico, existen investigaciones abiertas en la FGR. Urge informar sobre su avance y resultados, que podrían derivar en la consignación penal de quienes resulten implicados. No sería indispensable proceder a la extradición si la justicia mexicana decidiera procesarlos bajo su jurisdicción.
El rochismo sigue manteniendo control del grupo gobernante en Sinaloa, el nombramiento de una gobernadora interina Graciela Dominguez y la candidatura de la senador Imelda Castro no garantizan la influencia de los grupos criminales de poder; pese a todo, las encuestan inexplicablemente favorecen a Morena.
La crisis en Sinaloa exhibe, con crudeza, las fracturas del poder y la urgencia de recomponer los mecanismos de control institucional. La Presidenta actuó con firmeza, pero ese gesto debe acompañarse de una depuración real en las estructuras encargadas de garantizar la legalidad. Si este caso se atiende con rigor, podrá sentar un precedente de responsabilidad pública; si se diluye, solo confirmará que las grietas del sistema siguen abiertas y que la justicia continúa subordinada a los intereses del momento.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM
MAAZ
