Cuidar sin derechos
La informalidad suele presentarse como un problema del mercado laboral: personas sin seguridad social, prestaciones y estabilidad. Pero vista desde los cuidados revela algo más profundo. En la Ciudad de México, 2.2 millones de personas trabajan en la informalidad, el 44.2% de toda la población ocupada. Entre las mujeres, alrededor de un millón se encuentra en esta condición.
Para muchas personas cuidadoras la informalidad no es exactamente una elección, sino la forma de hacer compatibles dos trabajos que nuestra economía insiste en separar: el remunerado y el de cuidar. El empleo formal todavía está diseñado para alguien que puede disponer de ocho horas continuas, cumplir horarios rígidos y resolver por su cuenta qué pasa con sus hijos, con una persona mayor o con alguien con discapacidad. Cuando eso no es posible, la “flexibilidad” de la informalidad se vuelve una salida. El problema es que esa flexibilidad se compra renunciando a derechos.
Ahí está una de las contradicciones más injustas del sistema. Quien cuida necesita mayor protección social, pero muchas veces termina en los empleos que menos protección ofrecen. Necesita servicios de salud y termina sin seguridad social; necesita tiempo y termina sin vacaciones ni licencias; necesita estabilidad y termina con ingresos más inciertos; necesita construir una pensión y pasa años trabajando sin cotizar. No es casual que las mujeres, que realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, enfrenten mayores obstáculos para permanecer en empleos de calidad.
Por eso no basta con hablar de formalización como si el problema se resolviera registrando más empleos. Hay que preguntarnos por qué tantas personas no pueden permanecer en ellos. Si un trabajo formal exige una organización de la vida incompatible con cuidar, el mercado seguirá empujando cuidadoras hacia la informalidad. Y si los servicios de cuidado y buena parte de la protección social dependen de tener un empleo formal, construimos un círculo absurdo: se necesita cuidado para poder trabajar, pero se necesita trabajo formal para acceder a la protección que permite cuidar. Incluso desde el análisis económico ya se ha planteado ampliar los servicios de cuidado a personas que hoy están fuera de la seguridad social.
La nueva Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad abre una oportunidad para romper ese círculo, pero solo si entendemos que una política de cuidados también es política laboral. Necesitamos servicios públicos de cuidado cuyo acceso no dependa de la condición laboral, seguridad social para quienes trabajan por cuenta propia, empleos compatibles con las responsabilidades de cuidado y derechos efectivos para quienes cuidan de manera remunerada. No se trata de normalizar la informalidad, sino de dejar de castigar a quienes llegaron a ella porque cuidar y trabajar formalmente se volvió incompatible.
La informalidad no es solo una estadística sobre empleo. Para miles de familias es el costo de una ciudad que todavía obliga a escoger entre tener derechos laborales y tener tiempo para cuidar. Si el sistema de cuidados quiere cambiar realmente la vida de las personas, esa elección tiene que desaparecer.
Por Royfid Torres González
Coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la CDMX
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