Topos en la Corte
LA REFORMA JUDICIAL no sólo trajo una nueva visión de la impartición de justicia, sino que también abrió interrogantes sobre una novedosa forma de litigio, en la que podrían participar algunos exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De los ministros y ministras ahora en retiro, si bien la mayoría ha guardado distancia y han sido prudentes al entender que su ciclo terminó, hay otros que activamente critican y rechazan en los medios de comunicación la Reforma Judicial y la nueva conformación de la Corte.
Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre su posible participación como asesores en asuntos que se ventilan precisamente ante el Alto Tribunal, como sería el caso de José Ramón Cossío.
El ministro en retiro Cossío, incisivo y crítico frente al gobierno de Claudia Sheinbaum y ante el nuevo Poder Judicial, enfrenta señalamientos sobre su posible intervención como asesor detrás de litigios de gran importancia económica que se resuelven en la nueva SCJN, que preside Hugo Aguilar Ortiz.
La pregunta no es únicamente si participa en estos casos, sino cómo lo hace, y si sus relaciones con antiguos colaboradores dentro de la máxima instancia impartidora de justicia podrían representar una ventaja indebida frente a otros litigantes.
En ese contexto, destaca el nombre de Omar Hernández Salgado, a quien se ha vinculado profesionalmente con los ministros Cossío, Javier Laynez y Norma Piña, y quien incluso habría participado en la elaboración de una obra jurídica con el primero.
Su trayectoria plantea una pregunta relevante: ¿qué mecanismos existen para garantizar que las relaciones profesionales construidas durante años dentro de la Corte no se traduzcan en accesos privilegiados a información reservada?
La preocupación de fondo es la posible existencia de redes informales que permitan conocer anticipadamente el sentido de los proyectos, las deliberaciones internas o los pormenores de los asuntos que se discuten en la Suprema Corte.
De acreditarse que esa información se comparte con asesores externos para beneficiar determinados litigios, estaríamos ante prácticas que comprometerían la igualdad procesal y la integridad de la impartición de justicia.
La pregunta para Cossío es muy sencilla: si considera tan cuestionable al nuevo Poder Judicial, como públicamente ha sostenido, ¿cómo concilia esa postura con una eventual participación profesional en asuntos ante la misma institución?
Y, sobre todo, ¿qué garantías existen de que las relaciones personales y profesionales construidas durante su paso por la Corte no se utilicen para obtener ventajas que la Reforma Judicial precisamente buscó erradicar?
LA CONTRATACIÓN DE servicios tecnológicos en Caminos y Puentes Federales (Capufe), que dirige Carlos Arceo, abre otro frente de revisión, justo cuando el gobierno federal proyecta inversiones cercanas a 397 mil millones de pesos para construir unos 5cinco mil kilómetros de autopistas y carreteras. En la mira están contratos por 168.3 millones de pesos asignados en 2025 a Cúbica Tecnología y los vínculos familiares de la subdirectora de Tecnologías de la Información, Nayeli Ángeles Zúñiga. Los contratos con Cúbica incluyen 77.6 millones de pesos para mantenimiento de fibra óptica, 60.4 millones para cableado estructurado y 30.3 millones para infraestructura tecnológica. Sin embargo, fuentes vinculadas con la operación reportan deficiencias en el mantenimiento de nodos en casetas y más de 100 kilómetros de fibra óptica pendientes de reposición. Pese a ello, la empresa de Jorge Maymar ha obtenido nuevos proyectos de sistemas inteligentes de transporte en Chihuahua y otros relacionados con infraestructura tecnológica aduanera. El segundo foco está relacionado con un conflicto de interés que involucra a Jesús Daniel Pérez González, esposo de Ángeles Zúñiga, proveedor del gobierno federal a través de la firma UMAMI Ingeniería Especializada, que también fungió como directivo del C5 capitalino. Su empresa recibió de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que lleva Héctor Alonso Romero, una adjudicación directa por 319.8 millones de pesos para atender fallas en equipos móviles de rayos X, con vigencia de agosto de 2025 a julio de 2026.
DONALD TRUMP APROVECHÓ una reciente conversación con Claudia Sheinbaum para insistir en una mayor integración energética entre México y Estados Unidos. El mandatario republicano planteó ampliar los acuerdos entre empresas de ambos países e incluso explorar mayores compras mexicanas de gas natural estadounidense. La propuesta llega cuando México mantiene una dependencia creciente de ese combustible para abastecer a su industria y generación eléctrica. La referencia al acuerdo firmado previamente con Corea del Sur deja ver el tipo de compromiso que Washington busca negociar con sus principales socios comerciales. En el fondo, la energía se perfila como uno de los temas que acompañarán la próxima revisión del T-MEC y la estrategia de relocalización industrial en Norteamérica.
LA REAPERTURA DE seis proyectos mineros por casi seis mil millones de dólares devuelve a Zacatecas a la conversación de las grandes inversiones productivas. Tras obtener autorizaciones federales pendientes, las operaciones arrancarían durante el primer semestre de 2027, según informó el gobierno de David Monreal. El anuncio representa uno de los mayores impulsos recientes para una actividad clave en la economía estatal. La expectativa alcanza también a proveedores, contratistas y cadenas industriales vinculadas al sector extractivo. La combinación de minería y nuevas industrias busca ampliar la base productiva de una entidad que intenta recuperar ritmo en la captación de capital.
FLYING WHALES QUIERE aterrizar en México con una apuesta poco convencional para la logística y la manufactura. La firma franco-canadiense, que preside Sébastien Bougon, alcanzó un acuerdo con la Secretaría de Economía que contempla una inversión potencial de 300 millones de dólares en los próximos tres años, además de la instalación de tres bases de manufactura y una escuela de pilotos. El proyecto, impulsado por Marcelo Ebrard, busca posicionar al país en una tecnología orientada al transporte de carga pesada mediante dirigibles. La empresa argumenta que estos equipos pueden operar en regiones con acceso limitado y reducir costos de infraestructura. También plantea usos para atención de emergencias, distribución de insumos médicos y proyectos energéticos. Si el plan avanza como está previsto, México podría convertirse en una de las principales plataformas de producción de esta tecnología fuera de Europa.
LA ASOCIACIÓN SINDICAL de Pilotos Aviadores de México (ASPA) cerró una disputa que consumió más de tres años, al obtener el certificado de registro del Contrato Colectivo de Trabajo de los pilotos de Mas de Carga. La resolución federal obliga a la aerolínea a reconocer al sindicato, que encabeza Jesús Ortiz Álvarez, como titular de la representación de capitanes y oficiales. El desenlace aporta certidumbre a una empresa que participa en un segmento cada vez más relevante para la logística y el comercio. Con el litigio concluido, sindicato y compañía entran a una fase donde las condiciones laborales y la operación cotidiana estarán bajo mayor escrutinio.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL
