Desde cohecho hasta peculado y asesinato: más de 10 procesos penales salpican al correísmo
Hasta antes de 2024, los casos Sobornos 2012-2016, Odebrecht Ecuador, Secom o Senagua fueron las causas judiciales más conocidas relacionadas con el correísmo, antes Alianza PAIS (AP) y hoy Revolución Ciudadana (RC). Desde esa fechas han tomado notoriedad procesos penales como Metástasis, Liga2, Reconstrucción de Manabí, Magnicidio FV e investigaciones previas como Caja Chica, en los que aparecen integrantes y exintegrantes de esta organización política.
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En mayoría, en los procesos antes de 2024 existen penas en firme por asociación ilícita, cohecho, o peculado y entre los condenados están el expresidente y exvicepresidente Rafael Correa y Jorge Glas, respectivamente; el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera; los exministros de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte; la exasambleísta Viviana Bonilla o los hermanos Alvarado, Vinicio y Fernando.
Más alláde ello, otras investigaciones judiciales se han sumado contra integrantes de esta tienda política que dejó de ser gobierno en 2017, pasó por una transformación en el periodo presidencial de Lenín Moreno, pero se ha mantenido siendo “oposición” desde la Asamblea Nacional y desde instancias como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que llegó, pese a ser un órgano ciudadano, con varios de sus integrantes que conformaron la denominada Liga Azul.
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María Duarte y Fernando Alvarado, las consecuencias del retiro de su grillete:
En estos últimos dos años y medio, se han ido completando algunas causas penales que se desprendieron de casos como Sobornos y Secom contra María de los Ángeles Duarte y Fernando Alvarado, respectivamente. En ambos casos, los exministros del correísmo se retiraron los dispositivos de vigilancia electrónica (grillete electrónico) dispuestos como medida cautelar y fugaron del país, entre 2018 y 2020, para radicarse en Venezuela.
En el caso de Duarte, ella tiene en suspenso una audiencia de juzgamiento a la que fue llamada por incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente y aún tiene pendiente por cumplir una pena de ocho años definida como coautora en Sobornos, por cohecho.
Mientras tanto, Fernando Alvarado pagó una caución de $ 10.000 para que se le levantara la orden de prisión preventiva dispuesta por el retiro ilegal del grillete y aún tiene pendiente la audiencia de juzgamiento, la cual se retomará cuando se entregue o sea capturado. Además, el exsecretario de Comunicación (Secom) mantiene un proceso penal con una condena de segunda instancia por el delito de peculado.
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En septiembre de 2024, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió revocar la inocencia dictada en primera instancia contra Alvarado. Él fue declarado coautor del delito de peculado cometido en el 2014 cuando lideraba la Secom, se le ordenó una pena de cinco años de cárcel y junto con otros tres procesados debe pagar una reparación integral de $ 225.000. El caso no llega a la etapa de casación.
Las penas acumuladas y la impuesta por Reconstrucción de Manabí:
Al exvicepresidente Jorge Glas le falta poco para completar la pena acumulada de ocho años de prisión impuesta por los casos de corrupción Odebrecht Ecuador y Sobornos. Pese a ello, a esa pena se le debe sumar la condena de trece años de prisión como coautor del delito de peculado que recibió, junto a Carlos Bernal, exsecretario Técnico del Comité de Reconstrucción, en el caso Reconstrucción de Manabí.
En primera instancia, jueces de la CNJ que integraban el Tribunal de Juzgamiento, de forma unánime, el 30 junio de 2025, aseguraron que en el juicio se acreditó que en virtud de la potestad estatal que tenían Glas, como presidente del Comité de Reconstrucción, y Carlos Bernal, como secretario técnico de esa instancia, abusaron de dineros públicos, recaudados por la Ley de Solidaridad para atención a víctimas del terremoto de abril de 2016, en beneficio de terceros.
Ante la condena por el abuso de los hoy exfuncionarios públicos al priorizar obras que, según los jueces de la Sala de Juicio, no estaban destinadas para atender las necesidades de las víctimas, tanto Glas como Bernal han apelado el fallo y esperan se defina una fecha para la audiencia respectiva.
En Reconstrucción de Manabí, dos meses después de que fue sobreseído al exministro Walter Solís, asegurando que no cumplió ningún rol en el abuso de fondos públicos, otro tribunal de la CNJ difirió de ese criterio y definió que del expediente se desprenden graves presunciones de que el procesado adecuó su conducta al delito de peculado.
El 11 de julio de 2025, la Sala de Apelación de la CNJ decidió levantar el sobreseimiento que recibió Solís, así como también Franklin Bernal, exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP y padre de Carlos Bernal, ya sentenciado en esta causa; un exgerente de Ecuador Estratégico y otros dos exviceministros de Infraestructura de Transporte. Todos fueron llamados a juicio en calidad de autores.
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El exministro de Transporte y los otros cuatro procesados a quienes se les levantó el sobreseimiento en Reconstrucción de Manabí están a la espera de que se les confirme una audiencia de juzgamiento. El juicio continuará contra Solís pese a que no esté en el país, pues el peculado es un delito contra la eficiencia de la administración pública que puede ser juzgado en ausencia.
Walter Solís desde el 2021 está en México bajo la figura de refugiado. Ese estatus le fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Además del vigente llamado a juicio en Reconstrucción de Manabí, Walter Solís mantiene dos sentencias en firme. Las dos condenas son de ocho años de cárcel cada una por los delitos de cohecho, en el caso Sobornos, y por peculado, dentro del caso Senagua.
Ronny Aleaga, Metástasis y Magnicidio FV
En marzo de 2024, la entonces fiscal general Diana Salazar solicitó al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que disponga prisión preventiva para el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga y para otras doce personas a ser vinculadas en el caso Metástasis. La Fiscalía ubicaba a Aleaga como colaborador de una estructura criminal que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de la Policía y la Fiscalía.
Según la Fiscalía, la estructura se habría conformado en mayo de 2022 y duró hasta el 3 de octubre de ese mismo año, fecha en la que fue asesinado Norero en el interior del Cárcel de Cotopaxi, en Latacunga.
Seis meses después de esa vinculación, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra Aleaga, ubicado en el expediente de Metástasis con el alias del Ruso, y 36 personas más señaladas como autores directos (cuatro) y colaboradores o cómplices (33). En la cúpula de esta estructura la Fiscalía ubicó a dos abogados y al empresario Xavier Jordán, alias Marido o Daddy Yankee.
Respecto al exasambleísta de la RC se dijo que él usó su posición en la Asamblea Nacional para generar impunidad. La Fiscalía explicó que a raíz del proceso de lavado de activos que mantenía Norero y la filtración de una foto denominada “Los Tetones”, en la que aparece el Ruso, surgieron varios relacionamientos públicos entre la cúpula de Metástasis y sus colaboradores.
La difusión mediática de esa fotografía presentada por el entonces legislador Fernando Villavicencio habría representado una preocupación para los involucrados.
La Fiscalía afirma que los actos de colaboración encargados al Ruso estaban direccionados a silenciar a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas: Fernando Villavicencio. A esa época, el legislador Villavicencio ya había denunciado públicamente los hilos de una mafia manejada por Jordán y Norero, cuyas declaraciones incluso le valieron varios enfrentamientos en el pleno de la Asamblea con Aleaga.
Alias Ruso fue parte del grupo de llamados a juicio en Metástasis, en octubre de 2024, a quien se le suspendió la etapa de juzgamiento por estar prófugo. Él dijo en su momento que su vinculación responde a una persecución política por ser parte del correísmo, movimiento que lo dejó solo una vez conoció su procesamiento en Metástasis.
Aleaga dejó Ecuador vía terrestre por la frontera con Colombia el 28 de diciembre de 2023 y días después de ser vinculado a Metástasis se desafilió de la RC.
El 3 de septiembre de 2025, al llamado a juicio que mantenía en suspenso en Metástasis, debido a que la delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, Aleaga sumó otro procesamiento penal. A él se le formuló cargos por el delito de asesinato, al ubicarlo como uno de los autores intelectuales del crimen, al estilo sicariato, del presidenciable Fernando Villavicencio. Este hecho ocurrió el 9 de agosto de 2023.
En el caso Magnicidio FV junto con Aleaga son procesados como autores mediatos del crimen el exministro del Interior del correísmo José Serrano; el también llamado a juicio en Metástasis Xavier Jordán; el sentenciado a más de 34 años prisión por actos de corrupción en el área de la salud y la justicia, Daniel Salcedo; y los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis.
En el proceso penal por el asesinato de Villavicencio los siete acusados están a la espera de la lectura de la resolución sobre si se les llama o no a juicio. Del exasambleísta de la RC se ha dicho que él funcionaba como un nexo entre la esfera política y la estructura criminal, con operadores financieros y ejecutores para concretar el crimen de Villavicencio.
El exlegislador mantiene vigentes dos órdenes de prisión preventiva y en proceso dos pedidos de difusión roja a Interpol con fines de extradición solicitadas por los jueces que llevan Metástasis y Magnicidio.
Caso Liga2, integrantes de la Liga Azul procesados:
Más de cuatro meses han pasado desde que la jueza nacional Daniella Camacho, el 17 de abril último, decidió llamar a juicio a los siete acusados en el caso Liga2. La magistrada llamó a juicio en calidad de autores directos a los exintegrantes del CPCCS y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del Consejo de Participación, Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la RC Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
El fiscal general encargado Carlos Alarcón explicó que mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana se proyectó un control del Estado por medio de tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente. Para la Fiscalía los entonces consejeros habrían actuado lejos de su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano.
“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador: el CPCCS, fue cooptada por personas afines a un partido político en donde su principal objetivo era captar tanto espacios de poder como fuera posible convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”, anotó Alarcón.
En una providencia de julio pasado, el Tribunal de Juicio ya conformado aclara que ellos serán los competentes para conocer y sustanciar la situación jurídica de Franco Loor, Saltos, González, Arauz y Bonifaz. No se toma en cuenta ni a Augusto Verduga, ni a Esther Cuesta, pues a ellos se les suspende la etapa de juzgamiento debido a que el delito de asociación ilícita no puede ser juzgado en ausencia y ellos están fuera del país.
En lo que tiene que ver con Augusto Verduga, de 37 años de edad y radicado en México bajo el estatus de refugiado, y Esther Cuesta, quien tiene 50 años y vive en Génova, Italia, se indica que incumplieron la medida de presentación periódica y, por ello, se les cambió a la orden de prisión preventiva. Acorde con lo que determina la norma vigente se suspende el juicio contra Verduga y Cuesta y se ha promulgado para ambos la declaratoria de “prófugos” de la justicia.
Santiago Díaz y su condena por el abuso sexual de una menor:
Al ser ubicado como el autor directo de la violación de una menor de doce años, un Tribunal Penal de Pichincha, el 6 de mayo pasado, condenó a 22 años de cárcel al exasambleísta de la RC Santiago Díaz. El procesado durante el juicio no aceptó haber violentado sexualmente a la menor de edad, en diciembre de 2024, y criticó la mediatización del caso.
Ante la denuncia por la violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio de 2025, cinco allanamientos. Ahí se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios.
La entrega del entonces legislador, quien se ocultó por varios días, se produjo luego que la Fiscalía mantuviera acercamientos con su defensa. Un día después de la detención arrancó la instrucción fiscal, se le definió prisión preventiva y el movimiento de la RC anunció su expulsión de la bancada correísta.
El ataque contra la niña se habría dado cuando la víctima tenía 11 años de edad y acudió a una reunión de diciembre con su madre y su tía. En ese lugar habría estado Santiago Díaz, a quien la pequeña conocía porque su madre trabajaba para él.
La investigación previa de Caja Chica y el testimonio de Santiago Díaz:
“He venido a dar mi versión en el caso Caja Chica, porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”. Eso fue lo que dijo a su salida de la Fiscalía Santiago Díaz, dentro de una investigación previa abierta por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y en el que se analiza el origen de los fondos de la campaña electoral presidencial del movimiento de la RC, en 2023.
Díaz dio su versión en medio del procesamiento penal que mantenía por la violación de una menor. Dos días antes de esa diligencia, el 27 de enero de 2026, el fiscal Carlos Alarcón notificó a siete integrantes de la RC de una investigación previa que arrancaba y a la madrugada del día siguiente se dieron los primeros allanamientos en lo que hoy se conoce como caso Caja Chica.
Entre las viviendas allanadas estaban la de la excandidata presidencial en 2023 de la RC Luisa González; la del actual asambleísta por Pichincha del correísmo y exgerente de la aerolínea estatal TAME Patricio Chávez; y la de Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías del periodo correísta, entre 2011 y 2018.
González, Chávez y Manssur eran parte de la lista de notificados dentro de una indagación abierta por una denuncia reservada que hablaba del ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC de 2023.
Esa lista se completaba con los nombres del excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la RC Andrés Arauz; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo Patricio Rivera y Fausto Herrera; la abogada en libre ejercicio que intervino en el caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; y el propio líder del correísmo, el expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tiene una sentencia en firme de ocho años de cárcel en el caso Sobornos y mantiene un llamado a juicio en suspenso por el secuestro de Fernando Balda en Colombia, en el 2012.
En este tiempo se han dado varias actuaciones fiscales para recabar elementos de convicción, pero la causa aún se mantiene en la fase reservada de investigación previa.
Aquiles Alvarez y sus tres procesos penales en curso:
Desde el 10 de abril de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, es parte del proceso penal conocido como Triple A. En ese caso la teoría de la Fiscalía habla de que empresas del sector hidrocarburífero vinculadas a Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional.
Eso, a decir de Fiscalía, habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
El 16 de diciembre de 2024 arrancó la instrucción fiscal en el caso Triple A. La Fiscalía ha defendido un dictamen acusatorio contra 16 personas naturales y seis jurídicas (empresas) procesadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de petróleo y ha pedido en la audiencia de juzgamiento que Aquiles Alvarez sea condenado a la pena máxima, es decir, seis años y nueve meses de prisión.
El Tribunal de Juicio hace pocos días confirmó que ha concluido la deliberación y convocó a las partes a reinstalar la audiencia de juzgamiento para conocer la decisión. La convocatoria está para los días 29 y 30 de agosto, desde las 17:30.
En caso de que la Sala Anticorrupción dicte una sentencia condenatoria, esta se convertiría en la segunda sentencia que reciba Alvarez. La primera sentencia corresponde al denominado caso Grillete, en el que el alcalde guayaquileño fue declarado culpable y sentenciado a tres años de prisión por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tras determinarse que incumplió la obligación de portar el dispositivo electrónico (grillete electrónico) como medida cautelar en el casi Triple A.
Por otra parte, Aquiles Alvarez enfrenta una tercera causa penal por delito de lavado de activos conocida como caso Goleada. Esta investigación arrancó en febrero de 2026, luego de una denuncia presentada por el cooperador eficaz, José Cevallos, quien es uno de los procesados en el caso Triple A, por la comercialización irregular de combustibles subsidiados, y actualmente es testigo protegido de la Fiscalía.
En Goleada, la Fiscalía analiza una estructura empresarial de Alvarez, su entorno familiar y gente cercana, la cual estaría relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que habría servido para lavar dinero. Un total de 26 personas naturales y jurídicas (empresas) son investigadas.
En la lista de 17 personas naturales procesadas están el alcalde Aquiles Alvarez, su esposa Fiorella Ycaza, su madre Gioconda Henriques, sus dos hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y el asambleísta de la RC y presidente del movimiento RETO, Raúl Chávez Nuñez, y su hermano Gabriel.
Según el testigo Cevallos, quien fue parte varios años de las empresas relacionadas con el área de combustibles de la familia Alvarez, Raúl Chávez es amigo personal de Aquiles Alvarez y habría sido él quien lo integró en el “Grupo Remo” como comisionista del segmento industrial de combustibles.
Aquiles Alvarez se mantiene recluido en la Cárcel del Encuentro cumpliendo no solo la pena por el caso Grillete, sino las órdenes de prisión preventiva en Triple A y Goleada. En cambio, sobre el aún legislador de la RC-RETO pesa una orden de prisión preventiva que no ha cumplido, por lo que se le ubica en Goleada como prófugo de la justicia.
Los 26 procesados en Goleada están a la espera de que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que estará en manos del juez anticorrupción Sebastián Cornejo, quien reemplaza al suspendido magistrado Jairo García.
Vicko Villacís, el alcalde de Esmeraldas procesado por lavado de activos:
Desde el 3 de junio pasado, Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas que llegó al cargo luego de las elecciones seccionales de 2023 con el respaldo del movimiento de la Revolución Ciudadana, fue detenido junto a su hermano, dos jueces y cuatro personas más dentro del caso Blindaje. Todos actualmente son procesados por lavado de activos y mantienen orden de prisión preventiva.
A fines de noviembre de 2025 arrancó una investigación reservada en contra del alcalde Vicko Villacís Tenorio y otras en el caso Blindaje. La indagación se originó a partir de un oficio reservado elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales e injustificadas de Villacís Tenorio y otras personas jurídicas.
La Fiscalía ha explicado que la “estructura criminal” analizada se organizó para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales, con la participación del alcalde, quien ahora permanece en la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. A Villacís se lo ubica como quien “coordinó con servidores públicos, empresas fachada, particulares y familiares” acciones que se transformaron en delitos.
Según la teoría del caso Blindaje, el capital habría influido en causas judiciales bajo dos fachadas: sentencias contra la empresa pública Petroecuador que determinaron pagos de $ 2 millones y $ 15 millones; y, además, contratos de mantenimiento por $ 5,2 millones captados por el Consorcio Torre VL-V1.
Para borrar el rastro de esos dineros, señaló la Fiscalía, la red habría usado “pases de mano” ultrarrápidos, es decir, un abogado recibió sus honorarios y ese mismo día transfirió el 95 % al alcalde y su círculo. Además, se habrían usado carros blindados para mover $ 980.000 en efectivo a fin de romper “la trazabilidad financiera”.
El tiempo de la instrucción fiscal podría variar de 90 a 120 días si se concreta la vinculación de cuatro empresas al proceso penal por lavado de activos. Al menos tres diferimientos han existido para no concretarse la vinculación.
Juan Andrés González, el asambleísta de la RC querellado:
En diciembre de 2025, la asambleísta Naila Quinta, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una querella por el delito de calumnias contra el también legislador Juan Andrés González, representante de la provincia de Loja por la Revolución Ciudadana.
El juez nacional de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado Lauro de la Cadena continuó con el juicio en contra de González, luego que verificó que la Asamblea Nacional no se pronunció, dentro del plazo de 30 días, sobre el pedido de autorización para el enjuiciamiento penal del querellado.
El 12 de marzo de 2026, el secretario general de la Asamblea, Giovanni Bravo, certificó al juez que el pleno de la Asamblea Nacional no ha tratado el levantamiento de la inmunidad de la que goza el asambleísta de la RC, sobre quien se ha presentado querella por el delito de calumnias, tipificado en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De la Cadena ordenó que se cite al querellado Juan González para que conteste y luego concedió un plazo para que las partes presenten y soliciten prueba documental, soliciten peritajes y anuncien los testigos que deban comparecer a la audiencia. Los plazos concedidos por el juez nacional estaban en curso hasta que el Consejo de la Judicatura decidió el traslado de De la Cadena a la Corte Provincial de Imbabura.
El 20 de julio pasado, la querellante solicitó a la CNJ que realice un nuevo sorteo para definir el magistrado que tome el caso y además pidió que se le informe sobre los peritos designados por el sistema para las pericias ordenadas, así como sobre el estado de las diligencias dispuestas respecto de los demás sujetos procesales señalados, para efectos de la etapa de práctica de la prueba. (I)
