Proyecto busca regular los sistemas de financiamiento y compra de vehículos
Una nueva propuesta de Ley Orgánica de Transparencia y Protección del Consumidor en los Sistemas de Financiamiento y Comercialización de Vehículos plantea cambios para regular la venta, el financiamiento, el autofinanciamiento y la adquisición programada de vehículos en Ecuador.
La iniciativa presentada por el asambleísta Manuel Casanova (RC) busca fortalecer la protección de los consumidores frente a publicidad engañosa, cobros no informados, cláusulas abusivas y dificultades para recuperar el dinero entregado en determinados planes de compra de vehículos. El proyecto establece reglas para que las personas conozcan con claridad las condiciones económicas de una operación antes de firmar un contrato.
Uno de los principales cambios es la obligación de informar el costo financiero total de la compra. Esto deberá incluir el precio del vehículo, cuota inicial, capital financiado, intereses, comisiones, gastos administrativos, seguros, tributos, servicios accesorios obligatorios y cualquier otro valor que deba pagar el consumidor.
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La publicidad de los planes de financiamiento también tendría nuevas exigencias. Deberá mostrar de manera visible el precio total, número y valor de las cuotas, tasas de interés, costo financiero total, comisiones, seguros, plazo y las principales condiciones y restricciones de la oferta.
El proyecto contempla además un derecho de desistimiento. El consumidor podría retirarse del contrato dentro del plazo establecido y antes de la adjudicación definitiva del vehículo, sin enfrentar penalidades desproporcionadas. Las deducciones sobre el dinero entregado tendrían que estar autorizadas por la ley, ser razonables y corresponder a gastos efectivamente demostrados.
Entre las prácticas que quedarían prohibidas están cobrar valores que no hayan sido informados previamente, retener injustificadamente recursos, modificar unilateralmente condiciones esenciales del contrato y poner obstáculos a la presentación de reclamos.
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La propuesta también crea un Registro Nacional de Proveedores de Sistemas de Financiamiento y Comercialización de Vehículos, que sería público, digital y gratuito. Además, contempla medidas administrativas para suspender nuevas contrataciones o intervenir temporalmente operaciones cuando exista riesgo para el patrimonio de los consumidores.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de un delito específico por captación fraudulenta de recursos mediante sistemas de financiamiento, autofinanciamiento o comercialización de vehículos. La propuesta establece penas de cinco a siete años de prisión cuando, mediante engaño u otros mecanismos fraudulentos, se capten recursos y se cause un perjuicio patrimonial.
En total, el proyecto contiene 456 artículos, además de disposiciones generales, transitorias, derogatorias, interpretativas y finales. Su objetivo es establecer un régimen especializado para estas operaciones y reforzar la transparencia, el equilibrio contractual y la protección del patrimonio de los consumidores.
La propuesta aún no pasa la aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que es el organismo que revisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la formulación de un proyecto de Ley.
Según la exposición del proyecto, la legislación vigente contempla normas generales de protección al consumidor, pero no cuenta con un régimen especializado que regule de manera integral las distintas modalidades de comercialización y financiamiento de vehículos.
El documento sostiene que esta falta de regulación ha permitido situaciones como contratos de adhesión con cláusulas complejas, publicidad que puede generar expectativas distintas a las condiciones reales de los contratos, información financiera insuficiente y procesos prolongados para recuperar el dinero entregado por los consumidores.
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La propuesta también pone el foco en la publicidad utilizada para promocionar estos servicios. El proyecto menciona ofertas que anuncian “crédito fácil”, “sin intereses”, “cuotas bajas”, “adjudicación rápida” o “financiamiento garantizado”, pero advierte que, en determinados casos, las condiciones reales pueden diferir de las expectativas generadas durante la promoción.
Otro de los problemas señalados son los cobros por inscripción, gastos administrativos, reservas o derechos de participación. De acuerdo con el proyecto, la recuperación de estos valores puede ser limitada o incluso imposible cuando el consumidor decide retirarse antes de la adjudicación del vehículo.
También cuestiona que algunos contratos utilicen lenguaje técnico, anexos, referencias cruzadas o textos de difícil comprensión, lo que puede impedir que el comprador conozca desde el inicio las consecuencias económicas y jurídicas de la operación.
(I)
